Escala Crítica/Columna diaria
*Unas 62 millones de personas trabajan para el bien social
*“Liberar” el control político partidista sobre la población
*Después del informe, el escándalo de las cuentas públicas
Víctor M. Sámano Labastida
HAY NOTICIAS que deberían alimentar el optimismo social pero pasan desapercibidas. Un reciente estudio reveló que el 76 por ciento de los mexicanos mayores de 15 años hacen trabajo voluntario. Si bien es cierto que estas acciones sirven para cubrir las necesidades que no atiende el gobierno –un déficit-, también nos indica que existe una enorme reserva en los individuos y sus comunidades. Unas 62 millones de personas trabajaron por su comunidad sin recibir pago alguno.
Durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), hábilmente se aprovechó con fines políticos y de control esa iniciativa comunitaria. Se le convirtió en el Programa Solidaridad, pretendió volverlo partido político.
Ahora que Tabasco vive la transición de un antiguo gobierno casi unipartidista a una alternancia pluralista, bien se haría en rescatar esa energía social y dejar atrás la extraordinaria dependencia respecto al quehacer oficial. Es una posibilidad.
INICIATIVA Y NECESIDADES
EN LOS PUEBLOS indígenas y de alto componente rural campesino de México subsiste la organización comunitaria. Ahora, por lo menos el “Estudio sobre solidaridad y acciones voluntarias” nos revela que la solidaridad no es una actividad extraña a la mayoría de población. En el Distrito Federal hay zonas de alto involucramiento en tareas públicas.
Comentó Gustavo Verduzco, responsable del análisis e investigador del Colegio de México: “Lo que nos está diciendo (el estudio) es que más de la mitad de las acciones voluntarias de los mexicanos están orientadas a cubrir necesidades que el Gobierno no cubre. La gente tiene que hacer frente a sus necesidades, digamos, es esta aportación de la sociedad civil a lo que no hace el Gobierno”. (Reforma 03/XI/2013, Ixtaro Arteta)
Una encuesta indica que la mitad de las acciones están destinadas a mejorar el barrio, cuidar niños o las escuelas. Podríamos agregar que en las comunidades rurales se extiende a la apertura y mejoramiento de caminos, e inclusive a la organización de festejos.
Según Verduzco, si se le diera un valor económico de entre dos y cuatro salarios mínimos a las horas dedicadas al trabajo comunitario esto equivaldría “al 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2012, o sea que el trabajo voluntario es una aportación que sería igual a todo el gasto que se destinó a salud”.
Refiere Arteta por su parte: “Aunque predominan los actos voluntarios a través de asociaciones -42%-, otro 16 lo hace organizándose con amigos, mientras que 36% actúa solo. El estudio se basó en una encuesta aplicada a domicilio con mil 626 entrevistas, fue financiado por Compromiso Social Banamex y realizado por especialistas del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC) del Tec Ciudad de México y el Colmex”.
¿Por qué no realizar una encuesta similar en Tabasco?, ¿por qué no promover la recuperación de la “energía social” de la acción comunitaria?
A reserva de que documente la aseveración pero tengo entendido que sigue vigente una ley de “participación” comunitaria, elaborada durante la administración de Carlos Madrazo, que estableció la coparticipación del gobierno y la población en obras públicas.
No basta acudir a las urnas y votar para que el cambio ocurra mágicamente. Aunque mantener la dependencia de la sociedad respecto al gobierno permite altos dividendos político electorales, pero pésimos resultados para la comunidad y el presupuesto.
RESPONSABILIDAD PRIVADA
AHORA QUE la atención pública está centrada en el incendio del pozo petrolero en Oxiacaque, Nacajuca, bien valdría recordar lo que expuso en agosto pasado la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros:
Actualmente hay “más de 400 empresas privadas trabajando en Pemex, realizando actividades que corresponden exclusivamente a la nación. Han logrado, a partir de la modificación a las leyes secundarias, apoderarse poco a poco de lo que queda de Pemex”.
Refiere esa organización que ahora las empresas privadas extranjeras “ya no quieren sólo contratos o compartir con Pemex, quieren ser ellos los que se queden con la renta petrolera; es decir, con los beneficios de la explotación del petróleo. Halliburton le cobra a Pemex un millón 500 mil dólares por la perforación de cada pozo en Chicontepec (un campo petrolero ubicado en el estado de Veracruz), mientras que en Texas en pozos con características similares cobra 300 mil dólares”.
Para la UTPP, lo mismo que para la agrupación disidente Constitución de 1917, “una de las principales causas de la disminución en la producción de crudo es que se dejó de hacer exploración durante muchos años y se explotó indebidamente nuestro principal yacimiento, Cantarell, por haberle inyectado nitrógeno. (…) desde se inició la inyección de nitrógeno en Cantarell, en mayo de 2000, Pemex ha quemado a la atmósfera en promedio el equivalente a cien mil barriles de petróleo diarios; en total, más de mil 400 millones de millones de pies cúbicos de gas rico en gasolinas, con un valor superior a 12 mil millones de dólares”.
¿Cuánto cuesta reponer las condiciones de vida de las poblaciones y actividades desplazadas por una explotación regida por el mercado?
LA SOMBRA DE RULLÁN
EL EX ALCALDE perredista de Jalapa Luis Deyá Oropeza estima que es un “perseguido político”. Aspiró a la alcaldía desde finales de los noventa y finalmente logró la presidencia municipal en 2009, después de la desastrosa administración del priísta Antonio Priego, a quien su propio partido envió temporalmente a la cárcel.
Ahora Deyá Oropeza seguramente se arrepiente de haber incursionado en la política local porque enfrenta injustamente –según quienes lo conocen- el riesgo de que su cuenta pública sea reprobada y se siga entonces un procedimiento penal. Al tiempo que padece señalamientos públicos. Anunció que recurrirá a las instancias federales e internacionales para defenderse; considera que existe una consigna en su contra.
Nuevamente ese pequeño municipio de la Sierra está en la ruta de los jueces. El actual edil Ovidio Hernández (PRI), interpuso una demanda y el ex alcalde respondió con una contrademanda. Antes Deyá Oropeza había acudido a los tribunales contra el ex fiscal Francisco Rullán en cuyos dictámenes se basan para acusar al solaztequista y a quien señala de “maquillar” las cuentas de su antecesor Priego Jiménez. Es un caso que “reventará” políticamente.
Claro que estará en medio de otros muchos asuntos como la revisión de las cuentas de Andrés Granier y otros 10 ex ediles priístas, cinco perredistas y dos panistas.
AL MARGEN
El PRI de Tabasco, ¿encontrará la brújula? Hoy vencen sus propios plazos. (vmsamano@yahoo.com.mx)
