COMBATE A LA OBESIDAD, UN DESAFÍO DE GOBIERNO Y BUROCRACIA EN TABASCO

Escala Crítica/Columna diaria
*Una de las plantas laborales más grandes de toda la República
*Se “chupa” más del 70 por ciento del presupuesto anual
*Jalife: bloque de estados petroleros; la Pino Suárez, revivida 

Víctor M. Sámano Labastida

TABASCO es uno de los estados con mayor porcentaje de empleados públicos por habitante y también uno de los de mayor gasto administrativo. El promedio nacional es de un burócrata por cada 66 habitantes. Hay entidades como Colima que sólo tienen un empleado público por cada 469 habitantes; Nuevo León, uno por cada 367, y San Luis Potosí, uno por cada 234. Pero Tabasco registra un empleado público por ¡cada  27 habitantes!  Demasiados.

En esta concentración de asalariados gubernamentales, Tabasco sólo es superado por Chiapas y Chihuahua, que registran un burócrata por cada 23 habitantes y uno por cada 11, respectivamente.
Por el contrario, las entidades que han logrado controlar el crecimiento de los empleos públicos, aparte de Colima, Nuevo León y San Luis Potosí, son
Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Yucatán. (Datos del CIDE)
Aunque el Distrito Federal figura entre las entidades con mayor número de asalariados gubernamentales por habitante –uno por cada 34-, podemos señalar que la capital del país concentra también los servicios federales y la actividad económica nacional.

COSTO ECONÓMICO, FUNCIÓN SOCIAL

LA CUESTIÓN del costo de la burocracia y del denominado gasto corriente es algo que deberá enfrentar a corto plazo el gobierno de Tabasco. Sin ignorar, por supuesto, que históricamente los empleos públicos han tenido una función social y económica ante la baja dinámica del sector privado.
Un reciente análisis nacional destaca que Tabasco es de la misma forma uno de los estados con mayor gasto administrativo por habitante. Según la consultora A-Regional, del 2008 al 2011, junto con el Distrito Federal y Coahuila, Tabasco fue de los que destinaron mayor porcentaje de su “gasto primario” al gasto corriente, incluidos salarios.  
El Distrito Federal erogó anualmente 7 mil 74 por habitante en tareas administrativas; Coahuila destinó 5 mil 523 y Tabasco gastó 4 mil 612 pesos. En cambio, Aguascalientes sólo dispuso de un mil 271, Morelos sólo un mil 139 e Hidalgo sólo 772 pesos. (revistaar.com/noviembre 2013)
El alto número y costo de los empleos públicos ha sido una característica del sistema mexicano. Prevaleció con el PRI; es una tendencia que inclusive no se modificó cuando el PAN estuvo en la Presidencia.
Aparte de la justificación social y económica –como le decía, la dinámica de la empresa privada no favorece la distribución de la riqueza, sino más bien a la concentración-, es también una herramienta de control y manipulación política.
La firma Consultores Internacionales SC (CISC), difundió un análisis titulado “Qué gordo es mi gobierno”, en el que muestra cómo se han incrementado la burocracia y los recursos destinados en el gobierno federal, los estados, municipios y los diversos entes públicos.
El estudio calculó en ocho millones el total de personas contratadas como empleados públicos en México. Otras estimaciones refieren que en algunos estados del país y en los municipios, se destina entre siete y ocho pesos de cada diez al pago de la nómina, y sólo tres pesos a inversión y servicios.
Con base en datos del más reciente Informe de Gobierno (federal), la consultora señala que los gastos para nómina en lugar de disminuir tienen un salto exponencial: entre los años 2000 y 2012 en “servicios personales” el aumento fue de 141.6 por ciento.
Hay “organismos autónomos” que se reparten con la cuchara grande: el IFE y la CNDH aumentaron hasta en 283 por ciento sus gastos en salarios y pagos corrientes, lo mismo que los poderes Judicial y Legislativo. Para envidia de los mortales comunes, el salario mínimo sólo se incrementa en 4 por ciento anual promedio.

UNA AUSENCIA NOTORIA

LOS TABASQUEÑOS están ausentes del debate sobre la reforma energética y del futuro de los hidrocarburos a pesar de ser habitantes de un estado petrolero, lamentó el profesor Alfredo Jalife Rahme, especialista en geopolítica. Señaló que de hecho todos los estados petroleros de la República no han reclamado su espacio en la discusión actual.
Durante una reciente visita a Villahermosa, el académico de origen libanés nacionalizado mexicano advirtió que la entrada de las empresas extranjeras en la industria petrolera tendrá graves efectos y en especial en el entorno natural. Recordó que la empresa British Petroleum enfrentó un juicio por “el mayor daño ambiental en la historia de la humanidad” ocurrido en las costas del Golfo de México.
Un estado como Tabasco –dijo-, cuya economía depende en un 70 por ciento de la actividad petrolera debería participar en una alianza estratégica con otras entidades de donde se extraen los hidrocarburos. Es más -sostuvo Jalife Rahme- debería constituirse Pemex Tabasco, Pemex Campeche, etcétera, para que sean estas entidades proveedoras las que controlen los beneficios y no “estar recibiendo migajas” de la Federación.
Los mexicanos deben exigir tres cosas básicas en materia de petróleo: mantener la propiedad, el control y la regulación, destacó Jalife Rahme, quien alertó sobre el riesgo de una de las peores decisiones en la historia del país si se renuncia al carácter estratégico de los hidrocarburos.
Apenas el sábado, durante su participación en al Congreso Nacional del PRD, el gobernador tabasqueño Arturo Núñez reiteró ante los solaztequistas y sus legisladores el rechazo a “la privatización de Pemex”, al tiempo que pidió impulsar un Fondo de Hidrocarburos para los estados que participan en la industria.
Sin duda que en este asunto el gobierno tabasqueño se encuentra en una situación difícil: obligado a defender la soberanía petrolera –porque es también la soberanía propia-, al mismo tiempo requiere de los recursos derivados de la renta petrolera…administrados por el gobierno federal.

AL MARGEN

LEJANOS parecen estar los tiempos en que la Agrupación José María Pino Suárez de Tabasco transitaba prácticamente en la clandestinidad y la marginación. Ayer el Jefe del Ejecutivo, Arturo Núñez, y el secretario de gobierno Raúl Ojeda, acudieron a la toma de protesta de presidentes y secretarios municipales de dicha organización que encabeza Línvano Gallegos. Es la Pino Suárez una de las integrantes de la coalición actualmente en el poder.
Aunque se preveía que solicitaría su registro como partido político estatal sus dirigentes prefirieron mantenerla como agrupación pluripartidista. Lo que sí, el domingo fueron miles de “pinosuaristas” o curiosos los que acudieron al Teatro Esperanza Iris, donde fue el acto. (vmsamano@yahoo.com.mx)

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