Escala Crítica/Columna diaria
*Regionalizan en México los destacamentos de reacción rápida
*Ante debilidad o ineficacia institucional, respuesta popular
*Tabasco en planes antisecuestro y de zonas de alto riesgo
Víctor M. Sámano Labastida
EL FRACASO o la debilidad de los gobiernos en el combate a la delincuencia no afectan sólo a un segmento de la población. El crimen no tiene ideología. Si fallan las administraciones sean del PRI, PRD, PAN o cualquier otro partido, no hay motivo alguno para festejarlo. El surgimiento de grupos civiles armados para combatir a la delincuencia –más allá de su legitimidad o posible legalización- son señales de alerta no sólo para los gobiernos.
Sólo una profunda revisión de los esquemas, planes y acciones de seguridad pública permitirá combatir eficazmente a la delincuencia, sobre todo prevenir su expansión. Preocupa cuando conoceos por voz del nuevo Comisionado Antisecuestros, Renato Sales Heredia, las anteriores administraciones –aunque no lo dijo pero se refería a los dos sexenios del PAN-, dejaron “desmantelada” la estructura institucional contra los plagios.
Lo mismo sucedió en la mayoría de las entidades donde gobernaron indistintamente el PRI, PAN o PRD.
Hubo un olvido tal que varias instalaciones de combate al secuestro en las entidades “tienen techos de lámina”. Son “una vergüenza”, dijo Sales.
Esos abandonos, olvidos, indiferencia, acaso complicidad, son mucho más que vergüenza: son un delito.
VARIAS ACCIONES
RECIENTEMENTE el gobernador Arturo Núñez anunció que en unos días más se anunciará conjunto de medidas y estrategias para fortalecer la seguridad en el estado. “Ya se está trabajando” en este plan de acción, afirmó en ocasión de El Día del Policía. Poco antes, Tabasco fue incluido en la nueva coordinación nacional contra secuestros que inicialmente integra a diez entidades.
Cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, el país fue sido dividido en cinco regiones para una mayor coordinación y eficacia de “las políticas públicas en materia de seguridad” (Diario Oficial, 10 de enero 2013). También se anunció que sería creada una Gendarmería Nacional que tendría 14 bases regionales para facilitar su desplazamiento. Extraoficialmente se supo que la “gendarmería” tendría como función vigilar las carreteras de alto riesgo y puntos estratégicos de las fronteras sur y norte, así como las demarcaciones portuarias.
Como puede notarse existe la tendencia a la unificación de mandos, un compromiso de mayor coordinación –esperemos que ahora sí- y la regionalización de las bases operativas. Podría pensarse entonces que de la misma forma como se subdivide el país en regiones, las regiones se subdividirán, lo mismo que los estados, municipios y grandes ciudades.
La seguridad es un asunto que no espera, como ya se ha visto en Michoacán y Guerrero donde grupos ciudadanos han tomado por sí mismos la “autodefensa”, en una polémica pero explicable decisión. Son más de diez entidades del país donde existe la respuesta de hecho ante la debilidad institucional frente al crimen.
Corresponderá a la población no sólo estar atenta al compromiso gubernamental de mejorar sus instrumentos para prevenir y combatir los delitos – o gana esta batalla el gobierno y la sociedad, o la ganan los criminales, dijo Núñez-, sino también hacer lo propio en las familias y las redes sociales (las reales, no sólo las virtuales).
Son tareas en las que resulta fundamental la coordinación oficial en materia de educación, promoción del empleo, combate a la pobreza y a la desigualdad, etcétera. Recordemos que hay otro compromiso del gobierno federal: aplicar el Programa Nacional de Prevención del Delito que incluye a Centro (Villahermosa) entre las 57 comunidades con alto índice de violencia.
Centro, gobernado por Humberto de los Santos, recibió el año pasado 29.6 millones de pesos para un programa social en colonias populares de alto riesgo.
A CONTRA CORRIENTE
PUEDE ADELANTARSE que las reformas constitucionales en materia político electoral serán temporales porque no obtuvieron el consenso de los partidos y de un influyente segmento de los ciudadanos. Si hay un tema en el cual se requiere el máximo acuerdo social y político es el relativo a las elecciones. De lo contrario lejos de dar certidumbre terminan siendo impugnadas con movilizaciones.
Más aún si los organismos rectores, como el Instituto Nacional Electoral (INE) que suplirá al Instituto Federal Electoral (IFE), han sido cuestionados por consejeros electorales de conocida experiencia como Lorenzo Córdova Vianello. También el experto José Woldenberg manifestó sus reservas.
Como muestra de la temporalidad de las reformas electorales se podría tomar la ausencia de los dirigentes del PRD en la ceremonia de promulgación de los cambios. El sector dominante en el PAN celebró los cambios constitucionales porque fueron resultado también de la negociación de la reforma energética. Aunque todavía faltan las normas secundarias.
En la promulgación de las modificaciones constitucionales en materia político electoral reforma político, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que ahora México “contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiera el país en los siguientes años”. Por su parte Morena, organización que estará en la batalla electoral y partidista a partir de la segunda mitad de este año, considera que la citada reforma tiene la intención de frenar el avance popular.
Asegura el PAN que otra reforma que entrará a revisión en menos de lo que se esperaría es la hacendaria. Habrá que decir que los resultados de esta otra reforma no sólo tendrán un impacto social sino que se reflejarán en cifras, números, balances. Por motivos distintos, pero es en el rechazo al modelo hacendario donde coinciden Morena y el PAN. Aunque tienen divergencias irreconciliables en materia energética.
AL MARGEN
SON AHORA los empresarios de Guerrero lo que solicitan el envío de un “comisionado” presidencial a esa entidad, similar al que fue instalado en Michoacán para coordinar las acciones federales en materia de seguridad y desarrollo. La figura del “comisionado” ha sido vista por los sectores críticos como un retorno a los llamados “jefes políticos” de la etapa postrevolucionaria. Son calificados como vicegobernadores, aunque oficialmente se dice que no es la intención. Se juzgan por sus funciones y acciones.
En Guerrero, donde desde hace varios años existen las policías comunitarias, comenzó a manifestarse el fenómeno michoacano de las “autodefensas”. En esa entidad del pacífico mexicano existen antecedentes históricos y condiciones sociales que la convierten en un polvorín.
(vmsamano@yahoo.com.mx)
