Escala Crítica/Columna diaria
*Observaciones, después de prolongada huelga policiaca
*Necesarias reformas legales para fortalecer la seguridad
*Hay coincidencias, dice gobernador a comisión de Morena
Víctor M. Sámano Labastida
DURANTE su reciente visita a Tabasco, Andrés Manuel López Obrador anunció la integración de una comisión encargada de solicitarle al gobernador Arturo Núñez que encabezara las acciones legales –en particular un amparo- contra la reforma energética.
La citada comisión, integrada por Octavio Romero Oropeza y Javier May Rodríguez, dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como por los legisladores federales Lorena Méndez Denis, María Fernanda Romero Lozano y Adán Augusto López Hernández, se entrevistó ayer con el mandatario tabasqueño.
Tras hacer un recuento de lo que consideran un “trato injusto” de la Federación hacia Tabasco, sobre todo en materia de resarcimiento de los daños por la explotación petrolera, pidieron a Núñez que “convoque a toda la sociedad tabasqueña, para que, en una reunión masiva haga un pronunciamiento público en donde exija terminar con el despojo petrolero de Tabasco a partir de un trato fiscal más justo y equitativo por parte del Gobierno Federal”.
UN DIFÍCIL EQUILIBRIO
PARA LOS integrantes de Morena es el momento “que gobierno y sociedad tabasqueña con dignidad y valentía exijan abierta y públicamente a la Federación el trato que Tabasco merece por su condición de entidad petrolera”.
Adelantan que en caso de que no se escuche esta demanda justa e histórica, “Morena y ciento de miles de tabasqueños estamos dispuestos a irnos a la desobediencia civil pacífica en contra de la reforma energética y la política entreguista de los recursos naturales de Tabasco y la Nación”.
El gobernador tabasqueño –surgido de una alianza en la que participaron PRD, PT, PMC y Morena, entre otros grupos- recordó que en diversas ocasiones ha propuesto un “fondo especial” para que las entidades petroleras reciban recursos adicionales que compensen lo perdido con la reforma fiscal del 2007.
Como usted habrá leído, en aquella reforma –siendo presidente Felipe Calderón y gobernador Andrés Granier-, cambiaron los criterios de distribución de las participaciones. Se dejó de tomar en cuenta la aportación de los hidrocarburos y se aplicó la medida poblacional: mientas más habitantes, más recursos. Tabasco perdió y, casualmente, ganó Edomex.
Se calcula que de 2008 al 2013, Tabasco dejó de recibir unos cinco mil millones de pesos por esa reforma. Pero el reclamo va más allá. Aquí le comentamos la necesidad de revisar aquello que los especialistas denominan “Producto Interno Bruto Ecológico”, o el costo ambiental de una actividad.
Tanto Núñez como López Obrador han expresado coincidencias en relación con la actitud que debe tener el gobierno federal en la relación Pemex-Tabasco. Otra es la cuestión política del difícil equilibrio que debe mantener Núñez desde el punto de vista institucional y desde la perspectiva de sus convicciones. Como referencia tenemos sus reflexiones sobre la ética de la responsabilidad.
POLICÍAS, PRIMERAS IMPRESIONES
SE SOLUCIONÓ el paro de los policías y agentes de tránsito en Tabasco, pero el problema de fondo aún está por atenderse. Aunque parezca excesivo puede afirmarse que las jornadas de 24 horas de labor por 48 de descanso forman parte de un problema estructural. No tenemos policía de tiempo completo y tampoco, me decía un conocedor del tema, un cuerpo de seguridad pública con identidad propia.
Fue, me parece, la huelga más prolongada de policías y agentes de tránsito no sólo en Tabasco sino de todo el país.
La pregunta obligada es si existe un diagnóstico y una revisión histórica de de las características de la policía tabasqueña. De lo contrario este tipo de situaciones será recurrente. Como sucedió en los gobiernos de Salvador Neme, Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Manuel Andrade y Andrés Granier. Cada uno hizo concesiones, pero faltaron las decisiones.
No es, por supuesto, un problema privativo de Tabasco. Pero ciertas circunstancias lo hacen más compleja la cuestión, pero a la vez representan una oportunidad.
A reserva de revisar las circunstancias políticas y de intereses de grupo que hicieron explotar la crisis policiaca precisamente en estas fechas, comparto algunas reflexiones que he recabado con diversos interlocutores.
Por ejemplo, me comentan que la seguridad pública se tiene que ver “como un sistema” y no como una corporación, muchos menos dar un tato burocrático a la relación policías-gobierno (empleador).
En 1999 una reforma constitucional estableció en el Artñiculo 123, apartado B, fracción XIII que “los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal de servicio exterior, se regirán por sus propias leyes”. Se entiende que esto es así en consideración de las características específicas de la actividad relacionada con la seguridad.
En el caso de Tabasco, en 1999 trascendió un proyecto para la creación de una corporación de fuerzas especiales. Se habló en aquel tiempo de la necesidad y posibilidad de un proyecto estratégico de desarrollo de seguridad pública, incluyendo la creación de una Universidad para la formación de estos servidores públicos.
En varias ocasiones se ha hablado del establecimiento del servicio profesional de la carrera policial. Al parecer en Tabasco existió en el 2001 un anteproyecto de Ley para este servicio. En el 2007, en Edomex se adelantaron con la integración de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).
Ayer le comentaba que en Nuevo León una Fuerza Civil se constituyó en paralelo a la antigua policía preventiva. Este tipo de iniciativas explica también en parte la diferencia de ingresos entre las diversas corporaciones del país.
Todo indica que buena parte de la tarea a corto plazo –pero con un alcance de largo plazo- descansará en el Poder Legislativo (o en iniciativas de reforma legal desde el Ejecutivo) para darle certeza e institucionalidad a los cuerpos policiacos.
Otro de mis interlocutores sobre el tema lo resume de esta manera: “es necesario que los diputados trabajen en una norma que permita actualizar y darle solidez a la estructura policial; el servicio civil en este sector debe ser elevado a rango de Ley; tiene que abandonarse el esquema de un trato de burócratas a quienes no lo son; es necesario revisar la previsión social”.
Pero además, añade, “debe abandonarse la idea de que se requiere más armamento, lo que se necesita es tecnología, de la misma forma que se debe saber organizar a la sociedad para que participe en una cultura de la autoprotección”. (vmsamano@yahoo.com.mx)
