Escala Crítica/Columna diaria
*Los ex gobernadores en fuga, ahora repudiados por su partido
*Una casta dorada que recibirá de 400 mil a 500 mil en aguinaldos
*Patrullar el estado y sellar las fronteras, operativos de seguridad
Víctor M. Sámano Labastida
HACE poco más de unos 30 años (en diciembre de 1982, para ser exactos), el combate a la corrupción fue declarada política oficial del gobierno federal. Con el inicio Miguel de la Madrid se intentó poner en práctica la llamada renovación moral de la sociedad. Se establecieron las contralorías, primero la federal y posteriormente las estatales. Ahora, el PRI expulsa a ex gobernadores.
Apenas en el gobierno previo, el entonces presidente José López Portillo llegó a declarar que “la corrupción somos todos”, una forma de eludir la responsabilidad mayor de los gobiernos. A pesar de que han transcurrido más de tres décadas, la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas en el país.
La semana pasada, el PRI anunció la expulsión de ese partido del ex gobernador Tomás Yarrington, quien estuvo al frente de Tamaulipas durante los años 1999 al 2004. Es acusado de desvío de recursos y peculado, pero también de vínculos con la delincuencia organizada y la Procuraduría ofrece 15 millones de pesos por información sobre su paradero. Lo mismo sucede con el ex gobernador Javier Duarte, expulsado del PRI y por quien también ofrecen otros 15 millones de pesos.
Desde la llegada de Enrique Ochoa a la dirigencia del PRI se anunció una cruzada contra la corrupción en sus filas; después de expulsar a los ex gobernadores Javier Duarte y a Tomás Yarrington, anunció que suspendía de sus derechos al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Esta reacción del PRI contra los ex gobernadores de su partido comenzó después de la derrota en siete estados durante las elecciones de junio de este año.
Sin duda que tiene objetivos electorales, pero los ciudadanos deben estar vigilantes para que sea el inicio de una acción preventiva: que los partidos cuiden la designación de sus candidatos. Evitar la corrupción, para que no haya necesidad de castigarla…Y que apliquen sus estatutos, donde se halla la medicina contra las imposiciones y las decepciones.
ABONADOS QUE OFENDEN
COMO SUCEDE año con año, la atención de la opinión pública está centrada en los excesivos bonos para la alta burocracia. La semana pasada la discusión estuvo enfocada en los ya famosos “bonos secretos” de los diputados federales, lo mismo que respecto a algunos congresos locales.
Ahora la crítica alcanza a los altos jefes de la burocracia nacional. De acuerdo a un desglose del diario Reforma (18/XII/2016), en el caso de los ministros de la Corte, su compensación anual puede llegar hasta los 586 mil pesos, lo mismo que un magistrado electoral. Un consejero del INE puede llegar a recibir hasta 454 mil pesos de bono de fin de año. Más de 400 mil pesos como bono de fin de año pueden recibir los jefes del INEGI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Auditoría de la Federación y hasta del recién creado Instituto de Evaluación Educativa.
Mientas un trabajador común apenas llega a recibir el equivalente a 20 días de salario (un promedio de tres mil pesos de aguinaldo), los burócratas del más alto nivel federal pueden a obtener hasta 90 días. En los casos excepcionales este pago es superior a los 500 mil pesos, lo que si bien le va a un trabajador común podría llegar a ahorrar en más de diez años de trabajo, sin gastar un peso.
Como señalan organizaciones como México Evalúa, en una situación de crisis este tipo de conductas crean no sólo encono, sino que perpetúan la pobreza abajo.
TEMPORADA DE CAZA
DESDE el fin de semana pasado se comenzó a aplicar en Tabasco una nueva estrategia de seguridad en la capital tabasqueña. Las Bases Operativas Mixtas (BOM), que vienen trabajando desde hace unos 35 años y que fueron reforzadas recientemente, ahora se transformaron en Fuerzas de Reacción Inmediata Mixtas (FRIM). Serán fuerzas móviles integradas por agentes federales y estatales, incluyendo al ejército. Se confirmó que elementos de la Secretaría de Marina se sumarán a estos operativos y no sólo en la zona costera donde tienen jurisdicción.
Se afirma que habrá acciones especiales en las colonias donde hay un mayor registro de delitos: La Manga, Gaviotas, Indeco-Ciudad Industrial, Tamulté y Miguel Hidalgo. El mapa de riesgo se extiende a unos diez asentamientos, pero se reconoce que la delincuencia tiene una alta movilidad.
En algunas de estas colonias se iniciaron desde 2013 una serie de inversiones para el “rescate de espacios públicos” como parte del Programa de Prevención de la Violencia, coordinado por la Secretaría de Gobernación para 57 demarcaciones.
El viernes próximo un contingente de unos 300 integrantes de la Gendarmería Nacional se instalará de manera temporal en Tabasco. Sobre todo en Villahermosa y sus colonias más conflictivas. El jueves el gobernador Arturo Núñez dará los detalles del Programa Integral de Seguridad entregado oficialmente en octubre pasado y seguramente adicionado.
De la misma forma, la Fiscalía del estado anunció un acuerdo con el gobierno de Chiapas para evitar el paso de los delincuentes de un estado a otro. Como le mencioné en otra ocasión, un acuerdo similar de colaboración tendrá que hacerse con Veracruz, entidad en la que desde hace dos meses el gobierno federal inició un operativo integral contra la delincuencia.
En Veracruz, ante la crisis de seguridad, el gobierno federal decidió que la Secretaría de Marina se encargue de coordinar todas las acciones contra la delincuencia. Medidas similares ha tomado la presidencia Peña Nieto en los casos de Michoacán y Tamaulipas.
Respecto a Veracruz, hay que insistir, lo que allá ocurra impacta directamente a Tabasco, por lo que las fuerzas de seguridad y los gobiernos tendrán que tomar medidas preventivas para evitar una migración de los delincuentes hacia la entidad.
AL MARGEN
AVISADOS de obras que luego tienen que ser desmanteladas o representan un costo innecesario, numerosos ciudadanos de Centro reaccionaron ante la construcción que inició el Ayuntamiento en Paseo Tabasco. El gobierno de la comuna salió al paso de las críticas para explicar que lo que se instalan jardineras y pasos peatonales. También harán lo mismo en Paseo Usumacinta y el boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Se tiene calculada una inversión total de 2 millones 200 mil pesos. ¿Son obras necesarias?, ¿se tiene previsto el costo de mantenimiento? El debate está abierto. (vmsamano@yahoo.com.mx)
