Escala Crítica/Columna diaria
*Ofrecen gobiernos federal y estatal una acción más eficaz contra delitos
*Crecen los costos de la seguridad; necesario detener la creciente ola
*El ejemplo colombiano: revertir en serio una situación de grave crisis
Víctor M. Sámano Labastida
ES EL RETO “más complejo al que se ha enfrentado mi administración”, dijo el gobernador Arturo Núñez al referirse a la inseguridad pública. Recuerdo que en otra ocasión, al hacer un balance de sus cuatro años al frente de los asuntos públicos del estado, el mandatario mencionó aquella larga huelga de policías de marzo del 2014 como uno de los problemas más difíciles que tuvo que afrontar. En aquella ocasión fue necesario un despliegue de elementos de la policía federal. Hoy, al mediodía, un numeroso contingente de federal de la Gendarmería Nacional se suma a las tareas contra la delincuencia.
Dijo Núñez que para “garantizar la seguridad de los tabasqueños”, se habían hecho grandes esfuerzos con apoyo del gobierno federal. No han sido suficientes –como no lo han sido en todo el país-; pero también hace falta que los presidentes municipales hagan su parte. Ahora se anuncian una serie de medidas que tendrán un costo adicional aproximado de un mil millones de pesos, para lo cual se hará uso de la capacidad crediticia del estado, según explicó el secretario de Finanzas. Amet Ramos.
Cabe recordar que precisamente para las tareas de seguridad, relacionadas con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, este año que termina el gobierno solicitó un préstamo de 450 millones de pesos.
La atención a los desafíos de la delincuencia se ven afectados por la decisión federal de disminuir los recursos en varios rubros de la prevención y combate, aunque seguramente en el curso de los meses siguientes el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que buscar mecanismos para garantizar la principal obligación del Estado: la seguridad en bienes y vida de la población. La seguridad es también un factor que promueve la inversión; la inseguridad la inhibe.
LAS MEJORES PRÁCTICAS
EN EL COMBATE a la inseguridad y a la delincuencia hay buenas prácticas que deberían servirnos de brújula. En América Latina hay ciudades como Medellín y Cali, en Colombia, donde la violencia urbana fue calificada como un problema con proporciones de epidemia. Es el caso de algunas localidades de México; no sucede en Villahermosa (Centro), pero debe evitarse que eso suceda. En 1991, Medellín registraba 381 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que llevó a calificarla como “el lugar más violento” del planeta (Centro de Información, ONU).
Pero Medellín no se estancó en la tragedia. Pasados 25 años y con la aplicación sistemática de una serie de acciones integrales (gobierno, sociedad, empresarios, familias) logró ubicar a la urbe colombiana en un promedio de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes. Toda una hazaña si consideramos el contexto de la violencia histórica en aquel país: guerrilla, militares, paramilitares, mercenarios, narcotraficantes, marginales. En la actualidad –destaca un reporte de la ONU- es considerada “una de las ciudades más habitables e innovadoras de América Latina”.
La violencia y la delincuencia, el deterioro social y de valores puede ser evitado, destacan diversos especialistas; la experiencia de diversas comunidades indica que así. De hecho, en México son 57 municipios los que concentran casi la mitad de los homicidios; pero de estos, en 13 ocurrieron 2 mil 500 de los casi 5 mil asesinatos.
UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA
ME PERMITO retomar algunas ideas expresadas por Jorge Familia, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, en una conferencia internacional realizada en noviembre del 2014 en Antigua, Guatemala. La primera de ellas se refiere al costo del crimen y la violencia, que para algunos países alcanza hasta el 8% del PIB. En México el costo va de un 13 a un 18%, altísimo.
Señaló Jorge Familia que “América Latina alberga a cerca del 9% de la población mundial. Sin embarga, padece casi el 30% de los homicidios registrados en el mundo”.
Pero, destacó el especialista, “como lo han demostrado varios estudios, la inseguridad ciudadana es un fenómeno complejo, multidimensional, que no admite una respuesta única. Pero la reducción del crimen y la violencia asociada a éste continúan demandando del éxito de una agenda de desarrollo que genere oportunidades de progreso para más ciudadanos”. Por supuesto, una tarea fundamental es combatir la impunidad “producto de sistemas de justicia de credibilidad dudosa, así como factores culturales propios de la sociedad de consumo”.
Esto último, desde la perspectiva del columnista, es el núcleo del problema: la ganancia fácil, el ascenso sin esfuerzo, la condena a la marginación por la pobreza, son características de un esquema económico que –en su base- descansa en la inseguridad de los más débiles. Es el caldo de cultivo para el crimen. Aún más: el empobrecimiento es en sí un acto de violencia.
AL MARGEN
UNA BUENA parte de Villahermosa colapsó ayer en sus vialidades por el bloqueo que realizaron profesores universitarios en demanda del pago de sus salarios y bonos de fin de año. Mientras los dirigentes del sindicato SPIUJAT dialogaban con el rector José Manuel Piña los docentes decidieron efectuar un “plantón” en Avenida Universidad por más de seis horas. Los retrasos fueron explicados por la retención de recursos de la Federación. Hubo una innecesaria presencia de los policías antimotines. Varios gremios universitarios en el país han amagado con una huelga nacional ante la previsión del impacto que en las instituciones de educación superior tenga el recorte por unos 10 mil millones de pesos en el presupuesto del 2017.
De acuerdo a los dirigentes sindicales de la UNAM el gobierno federal disminuyó recursos a las jubilaciones y pensiones, lo mismo que a los rubros de reconocimiento de plantillas y saneamiento financiero. La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), propuso una huelga general del sector para febrero del 2017. Vienen tiempos de movilizaciones.
EL EX DIRIGENTE estatal del PRD tabasqueño Roberto Romero del Valle asumió la secretaría del Ayuntamiento que encabeza Gerardo Gaudiano en Centro. De esta forma están al frente de la comuna dos ex líderes solaztequistas. Aunque a Romero del Valle se le conoce más como activista de partido, ahora pondrá a prueba sus dotes administrativas. Sustituye a Jorge Chávez Rivera quien renunció al cargo; este funcionario se desempeñó como director de Obras en el anterior Concejo Municipal. Romero del Valle era regidor. (vmsamano@yahoo.com.mx)
