Escala Crítica/Columna diaria
Víctor M. Sámano Labastida
* El Estado y el monopolio de la violencia; la disputa del otro poder
* Multiplicación de crímenes y maldad dispersa, sin red de protección
* Replantear y recuperar el sentido del gobierno y de sociedad
Víctor M. Sámano Labastida
TABASCO parece Tamaulipas, se decía el fin de semana ante el despliegue de vehículos blindaos y agentes fuertemente armados. Una ironía cruel colocó al estado norteño el sobre nombre de “Mataulipas”. En la entidad que gobernó Tomás Yarrington –por quien la PGR ofrece 15 millones de pesos-, tiene una historia del llamado crimen organizado que se remonta a los años 30. Nada que ver con Tabasco. Pero hay que evitarlo.
Necesario abrir ventanas a la historia para entender mejor la crisis del presente. Lo que sucede en México en el terreno de la violencia ha rebasado cualquier previsión. Se trata de un problema estructural, de corte nacional y consistencia regional. Años antes, la focalización de la violencia era evidente: en varias zonas del norte y quizás algunos resquicios del sur y centro. Pero no se percibía con la intensidad de hoy. La violencia se posiciona -con la inseguridad- como el primer problema detectado en sondeos y encuestas nacionales.
Miremos por una ventana histórica. La primera definición moderna de ‘Estado’ fue realizada por Thomas Hobbes en su obra Leviatán (1651). Ahí se ubica al Estado con una cualidad: el monopolio de la violencia. Nadie debe ejercerla si no es autoridad legalmente constituida. Así se evita la ley de la selva. Es decir: territorialmente, la violencia es controlada, sometida por el aparato estatal, y quien la ejerce debe representar al gobierno de ese Estado configurado por un contrato social.
Se trata de una violencia preventiva para evitar males mayores. Así lo indican estas líneas de Hobbes: “El origen del Estado es el pacto que realizan todos los hombres entre sí, subordinándose desde ese momento a un gobernante, el cual procura el bien de todos los súbditos y de él mismo. De esa forma se conforma la organización social”. La condición anterior a la organización social, para Hobbes, es la "guerra de todos contra todos, pues la vida sin Estado es solitaria, pobre, brutal y breve”.
La condición actual de la violencia en México, realidad y percepciones, apunta al quiebre del Estado: una vida solitaria, pobre, brutal y breve, con todo y Estado.
MULTIPLICACIÓN ILEGÍTIMA DE LOS GOLPES
Los datos, en una cuenta histórica, son los siguientes.
En 1990, los homicidios violentos por cada 100 mil habitantes fueron 19; para 2007, en el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la cifra bajó a 7. Pero no era mérito de Calderón, quien lanzó como política de estado la guerra al crimen organizado, con el ejército en las calles. Para 2011, la cifra de homicidios violentos por cada 100 mil habitantes había subido a 23. ¿Qué pasó? Lo que cambió fue el énfasis en políticas agresivas de combate al crimen organizado, sin preparar al ejército (como ya se supo) y sin contemplar las diferentes variables sociales involucradas. La población quedó a fuego cruzado.
Los resultados aparecieron formalmente: en la presidencia de Calderón, fueron capturados o eliminados 25 de los 37 capos mexicanos más buscados; en las cuentas de Peña, fueron capturados o eliminados 101 de 129. ¿Y la violencia? No disminuyó. Multiplicaron los jefes de las bandas y también las capturas, pero la cuenta sigue en una carrera sin fin.
Veamos otra progresión preocupante: bases mixtas del ejército, desplegadas en el país, sexenio de Calderón: 75. Bases mixtas del ejército, desplegadas en el país, sexenio de Peña: 142. Otros operativos especiales del ejército, sexenio de Peña: 14. ¿Y hubo más seguridad? Como lo ha argumentado el general Salvador Cienfuegos: el propio ejército fue llevado a un terreno en el que se considera vulnerable, por eso reclama una Ley de Seguridad Interior.
Otras cifras de la violencia vigente: en 10 años (2007-2016), 200 mil muertos por el combate al crimen organizado; 28 mil desaparecidos; cientos de miles de desplazados, crisis galopante de derechos humanos; y los militares reconocen haber matado 4 mil, diciendo: “ya no más”.
LAS EJECUCIONES EN CADENA
NOS HAN cambiado el paisaje. ¿Y si el lector mira las noticias? Descabezados, descuartizados, cuerpos que adornan puentes y alambrados con osamentas. Un menú de miedo y aroma a cadáver. Veamos la progresión de crímenes en 10 años, con datos del semanario Zeta (Tijuana), cuyos reporteros revisaron documentos en morgues y ministerios públicos. 2007: 2 mil 826 asesinatos, 2008: 6 mil 837; 2009: 11 mil 753; 2010: 19 mil 546 muertos. Y va en aumento: en 2011: 24 mil 68; 2012: 22 mil 433; 2013: 23 mil 928.
Un leve cambio pero sin variar de fondo: en 2014 un total de 20 mil 276; en 2015 suman 20 mil 462; en 2016 van 19 mil 344 y contando, al 30 de noviembre. Note el lector cómo, después de las 2 mil 826 ejecuciones de 2007, la cifra se triplica en 2008 con “la guerra de Calderón”; el pico se alcanza en 2011 (24 mil 68) y la tendencia se mantiene: no se ha bajado de 20 mil ejecuciones anuales.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, de los 83 mil 191 homicidios documentados por Zeta, el Estado de Chihuahua fue el más sangriento, con 16 mil 467. Actualmente, en la administración de Enrique Peña Nieto, el Estado de México se erige como el más cruento, superando a Guerrero y Chihuahua: Estado de México, en primer lugar: 8 mil 845 asesinatos en tres años, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016. Le sigue, en segundo lugar, Guerrero, con 6 mil 040; en tercer escaño se ubica Chihuahua con 5 mil 176; en cuarto, Jalisco, con 3 mil 946; y Michoacán en quinto sitio, con 3 mil 629. Después, entre el sexto y décimo lugar como los Estados más sangrientos se ubican, en ese orden: Sinaloa en sexto sitio con 3 mil 514; en séptimo, la Ciudad de México con 3 mil 212; Tamaulipas con 2 mil 660; Veracruz registra 2 mil 600 asesinatos y Baja California, en décimo lugar con 2 mil 547.
Y no son números: son vidas perdidas. La violencia, “último recurso de los incompetentes” (Isaac Asimov), ensombrece la vida y resquebraja la noción de Estado. La dispersión de la violencia es el tema. Salta fronteras estatales y también conceptuales: resulta muchas veces difícil ya distinguir entre delitos del fuero común y de fuero federal; más complicado separar los eventos que involucran al crimen organizado y a los delincuentes comunes.
Un riesgo adicional cuando se entrecruzan y se asocian la política y el delito.
(vmsamano@yahoo.com.mx)
