Escala Crítica/Columna diaria
*Crecen las protestas; desarticuladas y peligrosas; riesgo de inestabilidad
*Aumentos en cascada, crisis empresarial, molestia ciudadana
*Golpeará el uso del presupuesto público tanto en gasolinas como luz
Víctor M. Sámano Labastida
NO PUEDEN ni deben aplicarse medidas como el aumento generalizado a los combustibles y energéticos sin un programa emergente. Tampoco se explican criterios diferenciados que, aún contra el argumento oficial, golpearán con mayor rigor a las poblaciones más pobres. Es un hecho histórico que las comunidades más alejadas de los centros de abasto son las de mayor marginación y subdesarrollo. Las excepciones confirman la regla.
Así como los empresarios han solicitado un programa de emergencia para atenuar el impacto de los incrementos en los energéticos, de la misma forma será necesario que los gobiernos propongan medidas extraordinarias para evitar una crisis social sin retorno.
En septiembre de 2014, dos organizaciones recabaron más de cinco millones de firmas para solicitar una consulta popular en relación a la reforma energética, toda vez que –se dijo- los cambios legales implicaban la privatización de un recurso estratégico: el petróleo. El PRD entregó 2 millones 356 formatos avalados por ciudadanos y Morena recabó 2 millones 712 mil firmas.
La Suprema Corte rechazó el recurso –con el voto de nueve de los once ministros-, con el argumento de que no podían someterse a consulta asuntos relacionados con los ingresos de la administración pública. Sólo el ministro José Ramón Cossío votó en favor de la consulta. Con el tiempo se ha visto que aquella reforma también tiene que ver con los ingresos del pueblo.
EL MERCADO NEGRO
COMO resultaba previsible, la nueva política de precios en los combustibles y la electricidad provocaron protestas desde el pasado fin de semana. Son todavía reacciones desarticuladas y precisamente por eso altamente riesgosas. Juliana Fregoso, de Infobae, colocó el tema bajo reflectores: los cárteles de la droga están entre los beneficiados por el impulso al mercado negro de los combustibles. En 2015, apunta, se detectaron 5 mil tomas clandestinas de gasolina. Las otras redes del mercado negro fueron documentadas por Analila Pérez en el libro “El cártel negro”.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a cámaras, asociaciones y confederaciones, pidió al gobierno federal medidas en materia fiscal, gasto e ingresos para disminuir la afectación por los aumentos a los energéticos. Se requiere “combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo”, indicaron quienes en su momento apoyaron y siguen apoyando la reforma energética, pero no sus consecuencias.
También la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) había exigido acciones para “evitar una escalada de precios derivada del alza en los precios a los productores de prácticamente todos los sectores y regiones productivas del país”. Otras organizaciones empresariales estimaron que hasta unos 150 pequeños inversionistas podrían ir a la quiebra.
La reacción de los gobernadores y de los presidentes municipales ha sido hasta el momento mesurada, quizá hasta el exceso. Sólo el mandatario de Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval, se dijo indignado por el aumento a las gasolinas. De forma un poco más moderada, los gobernadores de Puebla, Aguascalientes y Baja California, también expresaron su preocupación, lo mismo que el de la Ciudad de México.
Es un hecho que de manera directa, en su política de gastos, el aumento a los combustibles tendrá un severo impacto en las finanzas estatales y municipales. Aunque carecemos de datos actualizados del gasto del gobierno estatal y las alcaldías en gasolinas –antes lo atenuaban con los donativos de Pemex-, se sabe que en materia de electricidad en el 2012 la administración tabasqueña erogó unos 430 millones de pesos en energía eléctrica.
CRITERIOS QUE DISCRIMINAN
LOS DIPUTADOS no pueden permanecer ajenos a estos ajustes en la economía no sólo por el impacto a la población, sino porque afectarán directamente al gasto de la administración.
Entre los criterios que deben revisar los legisladores –según me hizo notar el profesor Javier Herrera y cuya opinión comparto- es que no resulta lógico que el gobierno federal aplique el razonamiento de ponerle un precio más caro a las gasolinas mientras más alejado se esté de los “centros de distribución”, pero que esto no sea considerado por ejemplo para la electricidad.
Si se aplicara el mismo criterio, en Tabasco y Chiapas la electricidad sería la más barata en el país. No sólo porque se ubican muy cerca del centro de generación (las hidroeléctricas), sino porque se trata además de la energía cuyo costo es el más bajo. Con el añadido de que Tabasco y Chiapas tienen que pagar los costos ambientales y sociales de esa explotación.
Algo similar sucedería con el gas, del que Tabasco es la principal reserva del país y cuya generación se localiza en su territorio.
Otro tema fundamental es que con los nuevos criterios –mientras más alejado más caro-, se rompe con el concepto mismo del papel del estado mexicano porque implica el abandono de las regiones más apartadas. Con ese razonamiento hay poblaciones que nunca hubiesen tenido energía eléctrica, telegrafía y telefonía; incluso carreteras.
AL MARGEN
EL RECIENTEMENTE designado secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, tendrá que hacer frente a un enorme reto. El ahora ex titular del sector, Víctor Manuel López Cruz, es un reconocido operador político que estuvo al frente de la Dirección de Administración de la dependencia durante dos años antes de tomar posesión del cargo a la renuncia de Rodolfo Lara Lagunes en julio del 2015. En la Setab hay que atender a unos 20 sindicatos magisteriales. Solís Carballo es el tercer funcionario al frente del sector.
Por cierto que resulta una coincidencia que el reciente relevo en la Secretaría de Seguridad –ocurrido el 21 de diciembre-, prácticamente coincidiera con el cambio en Educación como sucedió en julio de 2015 cuando Sergio Martínez reemplazó a Audomaro Martínez. Sólo que en esta última dependencia van cuatro cambios de titular.
DIJO EL GOBERNADOR Núñez en su mensaje de año nuevo: “Tras cuatro años de racionalidad en el gasto público nuestro estado goza de finanzas sanas. No sólo no nos hemos endeudado sino que hemos hecho abonos a la deuda pública heredada, y nada más recurriremos a los empréstitos que sean necesarios para combatir el crimen y la inseguridad”.
También ofreció que “en política social ni un paso atrás dará mi gobierno; seguiremos adelante a fin de hacer la mayor justicia posible al mayor número de tabasqueños en cualquier grado de pobreza”. La población marginada debe ser atendida como prioridad. (vmsamano@yahoo.com.mx)
