Escala Crítica/Columna diaria
*Debe atenderse el déficit de seguridad con una visión nacional
*Expulsa el PRI a Moreira, no por corrupción sino por chapulineo
*Se inaugura la Feria, oportunidad para revisar el modelo productivo
Víctor M. Sámano Labastida
DESDE que a finales del 2006 el combate a la delincuencia y la seguridad pública fue colocado con eje de la agenda presidencial de Felipe Calderón en los estados se expandió el fenómeno de la violencia. Fue como dar una patada al hormiguero. Los gobiernos estatales y sus corporaciones policiacas quedaron colocados frente a una circunstancia para la que no estaban preparados. Peor les fue a las administraciones municipales.
Aunque ya en Tabasco las revueltas policiacas venían de muchos años antes, la recomposición de las bandas delictivas puso en evidencia diversos hechos; desde la precariedad de la organización, capacitación y elementos materiales y humanos de los agentes de la ley, hasta la infiltración y las complicidades.
A nivel nacional, el gobierno federal buscó atenuar los efectos de aquella declaratoria de “guerra” al crimen organizado con una fallida reagrupación de las más de mil policías en mandos únicos estatales. Hasta la fecha, transcurridos siete años de aquella iniciativa, los diputados, gobernadores y alcaldes no se han puesto de acuerdo en cómo integrar a las policías municipales.
En enero pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que se buscaba establecer convenios con los estados y municipios para formar instituciones de seguridad. “Vamos a fijar plazos y compromisos puntuales en materia de profesionalización y que se parta de un diagnóstico claro, que lo tenemos ya prácticamente terminado, y que se midan los avances a partir de indicadores concretos”, sostuvo el funcionario.
Nuevamente las cifras: de los 2 mil 450 municipios en el país, sólo 1 mil 800 cuentan con corporaciones de seguridad, pero la mitad de estos ayuntamientos tienen corporaciones de menos de 20 agentes. Osorio Chong habló a principios de este año de la necesidad de un “nuevo modelo policial”, como una aspiración y no todavía como una realización. En marzo volvió sobre el tema, a propósito de la Ley de Seguridad Interior: las fuerzas federales no pueden estar permanentemente en los estados, indicó.
Lo que sucede en Tabasco con los policías tiene, en efecto, sus características locales –con todos los intereses que se conjugan en corporaciones de este tipo-, pero también responde a una dinámica regional y nacional, tanto de las instituciones como de la delincuencia.
En marzo del 2014, cuando se declaró otro paro de policías precisamente en las fechas de la Feria anual tabasqueña, el gobernador Arturo Núñez advirtió que había “un sistema de intereses creados”, oposición a la depuración en el sector y una serie de rezagos y malas decisiones precedentes.
Un propósito declarado de la nueva administración fue ampliar la base laboral de agentes –sólo se tenía la cuarta parte de lo recomendado en estándares internacionales-, mejorar la capacitación y revisar los ingresos; acciones complicadas en un contexto de rebajas presupuestales. Pero la revuelta policiaca -que según afirmó Gustavo Rosario Torres, secretario de Gobierno, se atenderá mediante el diálogo- es un indicador de lo mucho que aún hay que hacer en la corporación…de la cual depende en buena medida la seguridad pública, en la percepción y en los hechos.
UNA PESADA CARGA
INSEGURIDAD y corrupción, temas obligados en las ya próximas campañas electorales. Le referí ayer los casos de Édgar Veytia, Tomás Yarrington (PRI) y Luis Reynoso (PAN), enjuiciados por tribunales de Estados Unidos. Está pendiente el asunto de Javier Duarte, capturado en Guatemala. El dirigente del PRI, Enrique Ochoa, ofreció revisar los expedientes de sus militantes que tuvieron cargos de responsabilidad pública y están acusados de ilícitos diversos. Desde el golpe de la llamada “Casa Blanca”, la administración de Peña Nieto ha tenido que remar contracorriente.
El mismo PRI de Ochoa ha hecho de las expulsiones una vía para tratar de limpiar la imagen de su partido. Los dirigentes del tricolor asumieron que las derrotas electorales del 2016, cuando fue obligada la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, respondieron a malos manejos de los recursos públicos. Así, quedaron fuera del tricolor los ex gobernadores Javier Duarte y Tomás Yarrington, al tiempo que suspendieron de sus derechos al Roberto Borge, ex mandatario de Quintana Roo. En espera de dictamen está otro juicio en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, actualmente prófugo de la ley.
Los dos Duarte y Borge perdieron los comicios del 2016.
Pero al tricolor también le preocupan los militantes que se han sumado a otros partidos. Y aunque el ex gobernador, y ex dirigente del PRI, Humberto Moreira Valdés, de Coahuila, es señalado por enormes desvíos presupuestales y corrupción, la dirigencia tricolor decidió expulsarlo por aceptar ser candidato de otra organización, el estatal Partido Joven. Hasta hace unas semanas el PRI y el PJ estaban en negociaciones para una alianza. Pasaron de socios a enemigos.
Junto a la expulsión de Moreira Valdés –su hermano es gobernador por el tricolor-, los tribunales priistas decidieron suspender al diputado federal Alejandro Armenta, por sumarse al “pacto” de Andrés Manuel López Obrador; también fueron expulsados el exdiputado José Alarcón, quien aceptó ser candidato de otro partido local, Compromisos por Puebla, y a Manuel Mejía, quien es abanderado del Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nayarit.
Es apenas el comienzo de una purga que podría no alcanzar a los partidos para el 2018. Pero el tema electoral es la corrupción, aunque la cuestión cotidiana sea el empleo y los ingresos familiares.
IDENTIDAD Y COHESIÓN
LA FIESTA anual en la tradición tabasqueña fue inaugurada ayer por el gobernador Aturo Núñez. Es un espacio que permite reforzar los lazos que dan identidad y cohesión social a la población, afirmó el mandatario que estuvo acompañado del subsecretario de Turismo, Salvador Sánchez, representante federal, así como de la profesora Martha Lilia López del DIF Tabasco.
Durante once días en el recinto del Parque Tabasco los asistentes podrán tener acceso a una diversidad de actividades culturales, así como a una muestra de gastronomía, agricultura y ganadería. De acuerdo a los organizadores, en ocasiones anteriores han contabilizado más de dos millones de visitas en cada feria.
Este festejo anual debería ser también un foro para la revisión del modelo económico, de producción y consumo, ante la crisis del petróleo. (vmsamano@yahoo.com.mx)
