Escala Crítica/Columna diaria
*La mitad de los estados reformaron leyes; se suma Tabasco
*Presenta Javier May iniciativa de Morena contra delitos graves
*Presenta fiscalía a presunto asesino de Juan Carlos Huerta
Víctor M. Sámano Labastida
INMUNIDAD e impunidad no son lo mismo, explican los especialistas. Pero en lo hechos hemos observado que una conduce a la otra. Es el caso de la “inmunidad parlamentaria o procedimental” establecida en las constituciones como “fuero”, que lamentablemente dio lugar a una perversión: lo que era protección contra la persecución política se convirtió en un escudo para quienes desde las instituciones violan las leyes.
El “fuero” en México se estableció desde 1824, como derivado de la Constitución de Cádiz de 1812. En la noche de los tiempos –como se suele decir-, el fuero asoma su origen en el año 1017; durante la Edad Media, en Europa, esta figura sirvió para proteger la libertad de cátedra y de opiniones en las Universidades. Posteriormente se extendió a los recintos, como los parlamentos, en los que sus integrantes debían tener protegida la libertad para el debate.
Como todo por servir se acaba o se tuerce, el fuero propició la impunidad, la corrupción, la arbitrariedad…y el cinismo. Es uno de los vicios contra los que se pronunció la mayoría de los mexicanos en las elecciones del 2018. Lo habían hecho antes, pero no con la contundencia de este año.
LA LEJANÍA DE LA JUSTICIA
EL REPORTE sobre el Índice Global de Impunidad México 2018 confirma lo sabido y le pone cifras: 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país no se denuncian. Y los que sí llegan ante un Ministerio Público casi nuca derivan en sentencia. Denunciar es peligroso, investigar es costoso, hacer justicia es utópico.
El Índice mencionado refiere que en 26 de los 32 estados de la República se agravó el porcentaje de delitos que no se esclarecen. Menos del 4 por ciento de las denuncias se resuelven.
Se podrá argumentar que nada o poco tiene que ver la existencia del fuero con nuestra realidad criminal. Sin embargo, resulta indudable que si quienes están obligados a respetar y hacer respetar las leyes no lo hacen, el incentivo pernicioso se traslada a toda la sociedad.
No es sólo el caso de México. Hay numerosos ejemplos de ex gobernantes o ex funcionarios que aprovechando la existencia del fuero obtenían un nuevo cargo –sobre todo en el Poder Legislativo-, para no ser tocados por los administradores de la ley. El fuero, se dice, terminó siendo refugio de delincuentes. Y por unos, pagan todos; unos cuantos, le pegan a todos.
En el Congreso de la Unión se votó ya la reforma Constitucional para eliminar la protección procesal a todos los funcionarios federales, incluyendo al propio Presidente de la República. Era un proyecto de Ley congelado desde 2015.
En el país, Jalisco fue el primer estado en legislar sobre el fuero a mediados del 2016. En Nuevo León el retiro de la inmunidad acompañó en 2017 a la aprobación del nuevo Sistema Anticorrupción.
Hasta mediados de agosto de este año, con la aprobación de la eliminación estatal del fuero en Tlaxcala, sumaron 16 las entidades con reformas en esa figura –en algunas la supresión ha sido parcial. Los cambios se han aprobado en Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ciudad de México y Yucatán. Y ahora en Tabasco, la propuesta entregada por la diputada Beatriz Milland pasará a la aprobación de los cabildos.
En Veracruz y Morelos establecieron excepciones. Falta homologar las leyes en esta y otras materias.
MONREAL Y MAY
SORPRESIVAMENTE fue el senador por Tabasco, Javier May Rodríguez, quien presentó ayer ante el pleno de la Cámara Alta la iniciativa anti corrupción anunciada por Andrés Manuel López Obrador el 16 de julio pasado, como parte de los “50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. Esto es, una de sus propuestas más importantes.
Fue sorpresa porque inicialmente en la Gaceta del Senado quien aparecía anunciado como portador de una de las iniciativas más relevantes de la próxima administración era Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena.
¿Cuál fue la razón para que quien subiera a la tribuna fuera May Rodríguez? Lo sabremos, pero no es secreto que el dos veces alcalde de Comalcalco, ex diputado local, ex dirigente fundador de Morena, es –junto a Octavio Romero-, uno de los personajes más cercanos a López Obrador. Está propuesto para ser subsecretario federal.
El proyecto de decreto leída por May establece que se aplique prisión preventiva y califique como delitos graves los relacionados con la corrupción, el fraude electoral, los hidrocarburos, las armas de fuego y explosivos.
Es necesario –dijo- atender “el llamado de la sociedad para que se revise y corrija la grave situación que generan y, el equivocado mensaje de impunidad que transmiten”, los delitos referidos.
Hablando de mensajes podríamos anotar dos: la confirmada decisión de combatir legalmente la corrupción y la ratificación del papel de Javier May cerca de AMLO.
AL MARGEN
“LAS INVESTIGACIONES continúan”, afirmó el Fiscal tabasqueño Fernando Valenzuela Pernas luego de presentar públicamente al presunto asesino del periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez. El autor material del crimen ocurrido el 15 de mayo en Villahermosa, fue identificado como Juan Miguel “N”. Hay otros involucrados y falta conocer al autor intelectual. Dijo el funcionario que las líneas de investigación conducen como causales a hechos que se relacionan con la vida privada”, del también académico y empresario. (vmsamano@hotmail.com)