Escala Crítica/Columna diaria
* Curiosa donación: de Fidel Herrara al suegro de Javier Duarte
* Consecuencias económicas del desaseo político, ciclo vicioso
* Otra vez, los recursos y servicios públicos rehenes electorales
Víctor M. Sámano Labastida
PODRÍA parecer un exceso denunciar los excesos, pero no lo es. Gobiernos de todos los colores se encuentran en el relevo frente a verdaderas catástrofes: administraciones caóticas que les precedieron, desvío de recursos, descuido en la atención a las necesidades –que por lógica se convierten en urgencias de grave riesgo-, ocultamiento y abusos. Es lo que escuchamos ahora de voz de Carlos Joaquín González y Miguel Ángel Yunes (de la coalición PAN-PRD); de Alejandro Murat (PRI); Javier Corral (PAN) y Jaime Rodríguez (independiente). Por sólo citar algunos de los más recientes gobernadores al relevo.
Recuerdo que cuando en Guatemala se anunció que un Presidente en funciones y su vicepresidente recibieron orden de destitución y captura se destacó la función que muchos países, entre ellos México, requerían una Comisión Internacional Contra la Impunidad similar a la que allí opera. Ideada inicialmente para investigar y enjuiciar los abusos en derechos humanos, esta Comisión –con apoyo de la OINU-, concluyó que en el país vecino se vivía una crisis institucional en materia de justicia. En pocas palabras: no existía el Estado de Derecho; el problema estaba en la corrupción.
Tenemos nuestros ejemplos domésticos.
Una muestra de la descomposición política en Veracruz fue un dato que mencionó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en su toma de posesión: una propiedad de 60 hectáreas (600 mil metros cuadrados) en Coatzacoalcos, pasó como donación del gobierno de Fidel Herrera al suegro de Javier Duarte. Si en ese entonces el secretario de Finanzas era Duarte, la pregunta es: ¿qué tipo de responsabilidad pública se deriva de este conflicto de interés flagrante? Y más: cómo se decide una donación de este tipo, si a todas luces resulta un abuso de poder. Yunes anunció que su gobierno procede legalmente para recuperar como bien público esa propiedad que, por mero acto de poder, es propiedad de un particular muy particular.
La descomposición política se expresa en Veracruz como catástrofe económica. El déficit de 40 mil millones de pesos y en aumento, requiere una acción urgente, pero no es claro que la federación apoye a un gobierno estatal de 2 años, que así tendrá una firme bandera electoral opositora para 2018. Hay un jeroglífico político añadido, en cualquier acuerdo a pactar.
Veamos puntos significativos de la historia veracruzana reciente. Se verá que la realidad descuadrada por el poder, tarde o temprano estalla y no hay apariencias que valgan.
ESTIRAR Y ROMPER LA CUERDA
EL CINISMO político fue secreto a voces durante décadas en Veracruz. Poco a poco, llegó a la opinión pública. Las cuentas no cuadraban, pero el ejercicio patrimonialista del poder garantizaba la opacidad y la ley del silencio, de relevo en relevo. Los relatos públicos señalaban la enfermedad: descomposición galopante. Periodismo perseguido, inseguridad creciente, desapariciones por secuestros. Así, la cuerda social se tensaba. Se pasó del “estoy en la plenitud del pinche poder”, de un Fidel Herrera captado en llamada telefónica, al “defenderé mi honor y mi honestidad”, de Javier Duarte en televisión nacional. Los relatos públicos con datos comprobados son la marca de un sistema político basado en la impunidad.
Como esas declaraciones, hay otras de políticos veracruzanos y nacionales que hablan sobre Veracruz en la misma línea de cinismo que certifica lo intocable del sistema. Hasta que el saqueo económica, donde todos pierden, hizo insostenible que las apariencias sustituyeran a la realidad.
Un ejemplo de cómo estirar la cuerda hasta romperla: empresarios tortilleros protestaron por 12 millones de pesos que les adeuda el gobierno por aprovisionar reclusorios. “Fueron 4 años de surtir tortillas sin cobrar”, plantean en su denuncia pública. Cuestión curiosa: hicieron gala de paciencia budista y el pago no llegó. Pero, ¿por qué esperar tanto? Porque conocen “el sistema”. No son empresarios nacidos ayer. Esperaban la continuidad del PRI en el gobierno estatal y saldar su deuda. Por eso el silencio de 4 años. Aguantaron vara, y ni así.
A otros empresarios les pasó lo mismo: construcción, hotelería, transporte, turismo. La congelación de pagos no les dio frío, hasta ver con sus propios ojos la derrota del PRI en Veracruz.
OLLA POLÍTICA SIN FONDO
DESDE la descomposición política se ha llegado, pues, a la catástrofe económica. Y las escenas de reparación del daño son ambiguas: la PGR presenta “un cheque de 250 millones de pesos al nuevo gobierno de Veracruz, luego de haber recuperado 485 millones de cuentas bancarias intervenidas a Duarte y prestanombres”. Los otros 235 millones, explica la PGR en boletín, “se harán llegar en 12 mensualidades”. Curiosa decisión: si el dinero está recuperado: ¿por qué no entregarlo todo? Y nadie explica nada. Ni el titular de la PGR, Raúl Cervantes, ni el gobernador Yunes. ¿Receta para la nueva espiral de opacidad?
Miguel Ángel Yunes tiene ante sí un reto triple: 1) hacer algo significativo en poco tiempo; 2) transparentar las acciones de política estatal; 3) restaurar la confianza ciudadana en el quehacer político y gubernamental. Lo hará desde la acera opositora, con una alianza PAN/PRD que será incómoda a nivel nacional en el 2018. ¿Cómo solventar la falta de recursos, cuando la Federación también piensa en el 2018?
Los pactos con la Federación, si los hay, deberían acompañarse de una supervisión ciudadana que auxilie al Congreso veracruzano en la reconstrucción socioeconómica de la entidad. Lo proponen la Universidad Veracruzana y Universidades privadas. ¿Hay algún norte en los discursos iniciales de Yunes? Nada que siquiera se acerque. Yunes ha pedido a los jóvenes sumarse a la reconstrucción, pero no existen mecanismos claros para ello, salvo “que su trabajo se convierta en recursos”, que es una manera de decir que les pagarán por su trabajo. No puede ser de otra manera.
No hay en el horizonte, una forma de participación ciudadana que ayude a clarificar el galimatías veracruzano luego del huracán Duarte. Se dirá: “el Congreso debe hacerlo; el poder judicial debe hacerlo”. Pero esos canales institucionales, por sí solos, no bastan en la reconstrucción que vive Veracruz: están desacreditados. ¿Yunes apostará a la supervisión ciudadana para rendir cuentas, o a trabajar por su cuenta? Y volvemos a mirar hacia Guatemala.
(vmsamano@yahoo.com.mx)
