INEGI: INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA; PARTIDOS, DEMOCRACIA, ENCUESTAS

 Escala Crítica/Columna diaria

*Necesario construir la confianza y credibilidad, con eficacia
*Se olvidan de las consultas y debates internos, debilitan militancia
*Gasolinas, precio y comercialización liberados; lo que viene en 2017
 
Víctor M. Sámano Labastida
 
DE ACUERDO a la más reciente encuesta del INEGI la inseguridad y la delincuencia son las principales preocupaciones de la población. Pero en segundo lugar de las quejas ciudadanas se ubica la corrupción. De acuerdo a estas cifras le siguen en problemas que aquejan a la gente el desempleo, la pobreza y el mal desempeño de los gobiernos.

Resulta revelador que 93 de cada cien personas que se dijeron víctimas de la corrupción no denunciaron estos hechos ni ante las contralorías ni ante los agentes del ministerio público, ni ante autoridad alguna. La razón por la que no se denuncian los casos de corrupción, reporta el INEGI, es porque desconfían de las autoridades. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (organismo público).
No resulta extraño entonces que también las víctimas de algún delito prefieran no denunciar precisamente por la desconfianza. En promedio, sólo llegan ante las autoridades 10 de cada cien delitos. De alguna forma observamos que la inseguridad está relacionada estrechamente con la corrupción.
Resulta lógico que si hay una opinión dominante de falta de credibilidad hacia las autoridades también se califique como mal el desempeño de los gobiernos. La tarea urgente de los gobiernos es –entonces- aumentar su eficacia junto a su credibilidad, realizar una limpia en su personal y garantizar a la población que todos sus reclamos serán atendidos.
Lamentablemente, según reporta el INEGI, Tabasco figura junto a Chiapas y la Ciudad de México donde la población de las ciudades percibe mayor inseguridad. En cambio Querétaro, Yucatán e Hidalgo salen mejor calificados. Son también estados en donde la corrupción es aparentemente menor.
 
POR EL VOTO, SIN VOTAR
 
UN TEMA pendiente a discutir en la política al interior de los partidos, en la sociedad organizada y en las instituciones académicas es el abuso de las encuestas para sustituir el debate público, las consultas a los ciudadanos, la consolidación y confrontación de los proyectos de gobierno. Aunque las casas encuestadoras viven una etapa de crisis de credibilidad, los resultados que difunden siguen siendo utilizados como indicadores del “posicionamiento” de candidatos y partidos. Sin embargo, ¿son este tipo de mediciones herramientas para robustecer la democracia o para su debilitamiento?
Recientemente el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello sostuvo que “En un ambiente tan volátil como el que vivimos, el abuso en las encuestas de salida puede convertirse en un riesgo y puede abrir un flanco de vulnerabilidad en el contexto de desconfianza que existe en el país; en las 12 contiendas para gobernador de este 2016, las casas encuestadoras fallaron por amplios márgenes en sus mediciones”. (La precisión de las encuestas, seminario del INE/CIDE, 5 de diciembre)
También, como usted sabe, hubo fallas en la mayoría de los sondeos realizados para las elecciones de Estados Unidos. Sólo en los últimos días de las campañas de Hillary Clinton y Donald Trump algunas casa encuestadoras ajustaron sus números; otras quedaron rezagadas. ¿Influyeron los números previos en el comportamiento de los electores?
Para el caso de México, Lorenzo Córdova apuntó que varios de los encuestadores achacan la falta de exactitud, o las evidentes equivocaciones, a la población indecisa, segmento que crece proceso tras proceso. Pero también se ha dicho que un sector de la población prefiere ocultar sus preferencias. No podemos descartar lo que calificaríamos como un “error calculado”. Esto es, cuando las firmas encuestadoras le otorgan a un competidor preferencias que no tiene, siendo esto un mecanismo de propaganda.
Pero volvamos al tema del principio. Me llamó la atención que en abril del 2015 el juez Edy Olivares, de la Junta Central Electoral de República Dominicana pusiera el dedo en la llaga: los grandes partidos políticos suprimen su democracia interna a cambio de encuestas, porque las prefieren para escoger candidatos. Dijo que los grandes partidos de su país “les han huido a las (elecciones) primarias, les huyen a la democracia, dicen ser democráticos, pero son anti demócratas”. 
Insistió en que las dirigencias de las organizaciones partidistas retrocedieron respecto a los avances de la década de los noventa cuando acudían al voto directo de su militancia.  
Parecería que se refiere a los partidos políticos mexicanos. En los años ochenta y noventa, en especial los partidos de izquierda –procedentes de organizaciones socialistas y comunistas- realizaron consultas a sus bases para definir candidatos a la Presidencia. Todavía a finales de los noventa, el PRD promovió debates entre sus aspirantes a la dirigencia nacional y el centro de estas discusiones eran cuestiones de estrategia y táctica, objetivos y métodos.
La política partidista e inter partidista ha quedado en el archivo. Un tema sobre el que volveremos.
 
COMBUSTIBLE PARA LA CRISIS
A PARTIR del año próximo habrá que estar preparados para otros dos efectos de la llamada reforma energética. De acuerdo a la decisión del gobierno federal, en el 2017 se comenzará a liberarse el precio de las gasolinas.
Hasta antes de la reforma, era el gobierno federal el que controlaba el mercado de los combustibles, tanto por medio de la Secretaría de Hacienda como de Petróleos Mexicanos.
El dirigente empresarial Ricardo Calderón anunció que los inversionistas tabasqueños ya tienen firmado acuerdos con firmas petroleras privadas para que  sustituyan a Pemex en el abasto de gasolinas.  Entre las empresas que el año próximo comenzarán a distribuir gasolina en Tabasco y en el sureste están firmas de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Suiza.
Unas cien estaciones de gasolina en el sureste dejará de adquirir el combustible a Pemex para contratarlo con empresas privadas la mayoría extranjeras. 
Hay quien asegura que la competencia y el final del monopolio de Pemex mejorará la calidad y disminuirá los precios. Una posibilidad muy lejana; es más probable que ocurra lo contrario.
Pero también tendrá un efecto para el cual Pemex y el gobierno federal deberán estar preparados: disminuirán los ingresos de la petrolera y con esto la disposición de recursos para los gobiernos. (vmsamano@yahoo.com.mx)
 

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