Escala Crítica/Columna diaria
*Como en los setenta, el gobierno busca impulsar productos mexicanos
*La Constitución, de las mejores; pero no se cumple: especialistas
*Donald Trump tiene muros: la ley, jueces y tratados internacionales
Víctor M. Sámano Labastida
EL GOBIERNO El gobierno federal junto a los empresarios, iniciaron una campaña para promover el consumo de “lo hecho en México”. Es de alguna manera una respuesta a las acciones del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump contra las inversiones y el comercio con nuestro país. También en previsión de la revisión del Tratado de Libre Comercio, un pacto que sometió al país a una política exportadora y hacia un mercado dominante.
Aunque parecería una política proteccionista hacer énfasis en el consumo de lo propio, en realidad Estados Unidos ha pasado a una mayor cerrazón de sus mercados respecto a México. De hecho, Donald Trump reforzó en su país una serie de acciones para que se consuma de preferencia lo hecho en aquella nación.
Habría que recordar que en la década de los setenta, hace ya unos cuarenta años, el entonces presidente Luis Echeverría impulsó la campaña de “Lo hecho en México está bien hecho”. Se trataba entonces de enfrentar la quiebra de las pequeñas empresas, atender el creciente desempleo, impulsar la producción para la exportación y motivar el consumo local. El problema de fondo era una crisis en el poder adquisitivo.
CONSUMIR LO LOCAL
LA NUEVA campaña oficial para consumir lo hecho en México, busca que la población adquiera lo que se produzca en nuestro país, independientemente del origen del capital de las empresas. No sólo se propone enfrentar las presiones estadunidenses sino responder también a otra campaña que ya adelantaron grupos civiles y de consumidores: el de no adquirir productos de compañías extranjeras, en especial de Estados Unidos. De inmediato los empresarios mexicanos se quejaron de que esto afectaba a las firmas que producían y empleaban en México.
Ahora, junto a la campaña para que se consuma lo mexicano, el gobierno federal anunció una serie de medidas de apoyo a las empresas.
En realidad lo que se debe buscar es no sólo fortalecer la producción y el mercado interno, como lo propuso el empresario Carlos Slim, sino también recuperar la capacidad de compra de los mexicanos. Mejorar los salarios y ampliar la oferta de trabajo.
Es cierto que se tiene que producir para exportar, pero la historia nos enseña que lo principal es tener un mercado interno fuerte, donde la gente pueda por lo menos cubrir sus necesidades. Las presiones del gobierno de Estados Unidos nos debe obligar a mejorar nuestra economía.
LA MEJOR, PERO IGNORADA
NUESTRA constitución es vigente, el problema fundamental es su falta de cumplimiento; al mismo tiempo se requieren reformas que sancionen la responsabilidad de los secretarios de despacho y del propio Presidente de la República, coincidieron en señalar tres catedráticos universitarios con los que la noche del lunes tuve oportunidad de conversar en un programa especial de radio y televisión: Jorge Abdo Francis, Jesús Antonio Piña y José Alberto del Rivero.
Con sus matices respecto a las reformas que ha sufrido nuestra Constitución en sus cien años –unos 700 cambios y agregados-, los estudiosos subrayaron que no sólo son bienvenidas las actualizaciones, sino que hay casos en los que se debe profundizar el debate. Sobre todo para que la Carta Magna sirva realmente a los intereses del pueblo.
Para Piña Gutiérrez resulta preocupante que haya desaparecido de la Ley Fundamental el precepto de “sufragio efectivo y no reelección”, porque va contra el espíritu democrático de los constituyentes y porque fue la fuerza motora de la rebelión ciudadana; por su parte Abdo Francis subrayó que mientras hacen falta reformas importantes, existe una nociva tendencia a querer “meter todo” a la Carta Magna. En efecto, es tan detallista que tiene más de 50 mil palabras.
En este sentido, José Alberto del Rivero apuntó que la Constitución debería ser un documentos accesible, fácil de leer y entender para el ciudadano común. Después de todo es una herramienta –o debe serlo- para el pleno ejercicio de los derechos.
Muchos fueron los aspectos abordados en el programa difundido por las seis estaciones de radio y el canal de televisión de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (Corat), destacándose la necesidad de una mayor divulgación y una mejor aplicación de nuestra Constitución que este año cumple un siglo de ser promulgada.
Recientemente el especialista Manuel Arellano se pronunció por perfeccionar los mecanismos de participación política ciudadana mediante el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y la consulta popular. Recordemos que la consulta popular está tan limitada que no pudo realizarse a propósito de un asunto que nos afecta a todos: la reforma energética. La Corte consideró que no estaba prevista en la Constitución.
Otro tema polémico es el de la necesidad de convocar a un nuevo constituyente como se ha insistido desde las corrientes de izquierda. Sin embargo el constitucionalista Diego Valadés ha opinado que en el momento actual no es el adecuado para tratar de hacer una nueva Carta Magna: “las fuerzas conservadoras del país se muestran como adversas a los intereses colectivos, (por lo que) resultaría en una constitución peor a la que ya tenemos”.
AL MARGEN
En estos días se libra una intensa batalla política, económica y de tipo legal en Estados Unidos. Como es sabido, Donald Trump inició su mandato con una serie acciones contra México, pero que ahora afectan no sólo a otros países sino a los propios Estados Unidos.
En particular hay un tema que interesa a los mexicanos y a estados como Tabasco, el relacionado con los migrantes a quien el señor Trump dispuso expulsar o impedir su ingreso. Más de 250 mil mexicanos pelean su derechos en los tribunales de Estados Unidos.
Pero al mismo tiempo un juez federal frenó una disposición de Donald Trump que ordenaba impedir la entrada de personas procedentes de siete países musulmanes. Según el argumento del presidente de Estados Unidos se trataba de impedir la llegada de terroristas, pero un juez federal consideró que la orden del presidente era ilegal.
Es posible adelantar que también las medidas del nuevo gobierno estadunidense serán impugnadas por sus propios ciudadanos quienes tendrán que pagar más por los productos y también trabajar más. No es un problema sólo con México. Es sólo cuestión de tiempo, pero las circunstancias ya no están para decisiones unilaterales y autoritarias. (vmsamano@yahoo.com.mx)
