Escala Crítica/Columna diaria
*La economía ilegal y la ocupación legalizada, extremos
*Industria extractiva, corrupción y contaminación
*Inundaciones, diagnóstico a fondo de causas y efectos
Víctor M. Sámano Labastida
LA DENUNCIA pública debe ser continuada por una acción legal. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo que “el crimen organizado ha visto en el negocio minero un gran potencial, está despojando a los ejidatarios de sus tierras para convertirlas en tierras mineras”. No es sólo el crimen organizado, es también la depredación institucionalizada.
Aún más, dijo, “corren a quienes legalmente realizan las explotaciones para convertirlas en una economía ilegal”. Esto sucede notoriamente en Guerrero, Michoacán, Jalisco y “algunas zonas del norte del país”.
Pero no es sólo la economía ilegal la que despoja a los comuneros y ejidatarios. Desde hace varios años se viene desarrollando un movimiento de resistencia contra la extracción de los recursos del subsuelo.
En el año 2008 surgió la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). Esta organización sostiene que el gobierno ha otorgado unas 27 mil concesiones para la explotación de minas en todo el país.
La Rema sostiene que “la minería es el megaproyecto de mayor impacto social, ambiental, económico, territorial, político y cultural”, al tiempo que se basa en una violación sistemática a los derechos humanos.
La reforma fiscal de este año incluye un “impuesto especial” sobre las ganancias de las empresas mineras, hasta ahora intocadas.
En septiembre de este año una docena de organizaciones iniciaron una campaña nacional contra la “minería tóxica”. Grupos de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Michoacán, Puebla y Morelos incusive entregaron al Senado una propuesta de Ley Minera.
La actividad extractiva –sin contar la petrolera, que también lo es- afecta a comunidades en 20 estados del país.
Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso (2011) indicaba que el valor de la producción del sector era de unos 14.000 millones de dólares. La actividad abarcaba 51 millones de hectáreas. Evidentemente que el interés del negocio está por encima de los derechos sociales y humanos de los comuneros y pequeños propietarios.
Refirió la agencia IPS: “En México no se cobran regalías por el material obtenido, una obsolescencia frente a esquemas progresivos aplicados, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador u Honduras”. (Julio 2012)
Hay países donde la minería a cielo abierto está prohibida, por su carácter tóxico para el ambiente y los habitantes. Costa Rica es ejemplo de una decisión radical de la Asamblea Legislativa: rechazó totalmente la minería de oro a cielo abierto, así como el uso de sustancias como el cianuro y el mercurio.
Por cierto, precisamente la toxicidad de los métodos extractivos de “gas de esquisto” (shale) serán tema de discusión pública muy pronto en relación a la reforma energética. De acuerdo a la Alianza Mexicana contra el Fracking, para extraer ese tipo de combustible se utilizan productos tóxicos como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, gran parte de los cuales terminan en los yacimientos acuíferos.
Volvemos al punto de inicio líneas arriba: la actividad minera está contaminada también por el crimen organizado, si damos por ciertas las palabras del secretario Ramírez Marín. Esperemos que no se quede sólo en una declaración; es una desafío para el Estado Mexicano.
EFICACIA CONTRA DESASTRES
PARA ALGUNOS la fecha de referencia es el 27 de octubre, para otros el 31 de ese mes. Según el impacto de las inundaciones del 2007. Aunque hubo diversos estudios y análisis, podríamos decir que hace falta aún el diagnóstico serio y sin concesiones de las causas y los efectos de aquel siniestro que se insiste en nombrar como “desastre natural”, aunque resulta evidente que fueron una serie de decisiones y omisiones que los fenómenos meteorológicos hicieron que derivara en una catástrofe.
Ayer se inauguró en Villahermosa la jornada “Tabasco ante el Cambio Climático”. La sede es la División Académica de Ciencias Biológicas (Dacbiol) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que debería tener la vanguardia en este tipo de estudios. Aunque estamos ante un fenómeno multifactorial.
Quedó establecida también la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático del Estado de Tabasco, que será presidida Claudia Zenteno, titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Habrá que recordar que entre las múltiples acciones por aquella catástrofe también existe la Red Académica sobre Desastres en Tabasco, que encabeza Dora María Frías. ¿Cuál es la eficacia o pertinencia de estos organismos?
La información disponible en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación refiere que ahora sí Tabasco incluyó a la totalidad de sus municipios en el Atlas Estatal de Riesgos. Aunque este mapa se inició en el 2005 (se supone que existía en la catástrofe del 2007), a principios de año no aparecía reportado. Aunque no existe en Internet una liga para su consulta pública.
Mucho todavía hay que hacer en materia de diagnóstico, prevención y administración efectiva de riesgos.
AL MARGEN
En su más reciente manifestación en la ciudad de México, la realizada el domingo pasado, Andrés Manuel López Obrador llamó a los diputados del PAN y del PRD a rechazar la reforma fiscal.
También propuso que estos dos partidos, el PAN y PRD construyan un frente común con el Movimiento de Regeneración Nacional para detener la reforma energética.
Por supuesto que tanto el PAN como el PRD tienen posiciones distintas.
El PRD aprobó la reforma fiscal pero rechaza la reforma energética.
En cambio el Partido Acción Nacional votó en contra de la reforma fiscal pero apoya la reforma energética.
Podría decirse que las posiciones en torno a las reformas fiscal y energética, también a la reforma electoral y muchas otras decisiones que afectan a la población deberían estar más allá de los partidos. Pero los partidos aparecen demasiado alejados de la sociedad.
GRAVE, y mucho lo sucedido en Chetumal, Quintana Roo. Una estación de radio fue atacada por un grupo de 15 personas encapuchadas, armadas con machetes y palos; lanzaron bombas molotov e hirieron a dos locutores, Vladimir Rimbón Bonora y Arturo García Landeros, también veladores de la estación. Las instalaciones atacadas son propiedad del ex alcalde Sebastián Uc Yam (PRD). Otra acción más contra un medio de comunicación y sus trabajadores. Y una reacción tardía. (vmsamano@yahoo.com.mx)
