Escala Crítica/Columna diaria
*Hasta cuatro o cinco años acción contra ex gobernadores
*Evitar errores y omisiones que deriven en complicidad
*Los diputados tabasqueños deben cuidar las formas
Víctor M. Sámano Labastida
LOS MECANISMOS de la aplicación de la ley no corren a la velocidad que lo hacen las denuncias, quejas, presunciones. Desde enero pasado se dijo oficialmente que sería empeño de la nueva administración llevar ante los tribunales a quienes “saquearon” la hacienda estatal. Sin duda que en el centro de la atención pública y política fue el futuro del ex gobernador Andrés Granier. Sin embargo se tiene que recorrer un largo camino.
Tres casos recientes nos sirven para ilustrar los vericuetos de la ley y la política.
Más de cuatro años después de que dejaron sus cargos pasaron para que fuera giradas las órdenes de aprehensión en contra de dos ex gobernadores acusados de peculado y uso indebido de funciones: Pablo Salazar de Chiapas y Marcelo de los Santos de San Luis Potosí. Uno pisó la cárcel y otro está amparado.
En el extremo se ubica el caso de Humberto Moreira en Coahuila. Aunque se documentó la falsificación de documentos para adquirir una excesiva deuda, al final de cuentas el ex mandatario fue exonerado y sólo se siguieron procesos en contra de su ex secretario de finanzas y funcionarios menores. En tal asunto se actuó con premura pero para dejar a Moreira exento de culpa. El argumento de los magistrados –ojo- fue que la Constitución de Coahuila no faculta al Ejecutivo a contratar deuda.
La rapidez con la que fue procesada la denuncia contra Granier y se procedió a su captura fue resultado de una querella fiscal federal; sólo cuando se terminen de revisar y calificar las cuentas públicas del 2012 sabremos cómo se procederá con él y sus ex colaboradores. Esto sucederá el mes próximo.
Se sabe que hay unas 14 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de alto nivel. Sean cinco o cincuenta lo importante será que las autoridades eviten “pifias” procesales que serían interpretadas como complicidad más que desconocimiento.
CONTROL O DERROCHE
SIN DUDA que deberá revisarse a fondo la intención de incrementar a más de 450 millones de pesos el presupuesto para la Cámara de Diputados del estado de Tabasco. Si comparamos la propuesta con los 115 millones de pesos que le fueron aprobados inicialmente este año –a los que se suman otros 30 millones adicionales-, estaríamos ante un aumento excesivo. Casi tres veces más del actual.
Habría que esperar la propuesta oficial, aunque estos asuntos conocerse y deberían discutirse públicamente, porque al final de cuentas los recursos son de carácter público.
Se afirma que los recursos extraordinarios serían para el Órgano de Fiscalización, pago de laudos laborales e impuestos, publicidad en medios de comunicación, aumento de salarios, caja de ahorro, mantenimiento de instalaciones, entre otros gastos.
Dos asuntos que deberían resolver los integrantes del Poder Legislativo local son de la transparencia y rendición de cuentas, cuya falta se puso en evidencia ante la solicitud y aplicación de 30 millones de pesos adicionales de cuyo manejo fue responsabilizado el presidente de la Junta de Coordinación, Rafael Balboa (PRD).
Habrá que insistir en que siendo la Cámara de Diputados la responsable de exigir cuentas a los otros poderes y entidades que reciben recursos públicos, es la primera obligada a transparentar sus acciones. Este poder cuenta actualmente con una mayoría de 19 representantes del PRD, partido que como oposición tuvo de banderas la austeridad y la lucha contra la corrupción.
INDULTO Y JUSTICIA
ORGANIZACIONES sociales diversas exigían que el profesor Alberto Patishtán Gómez, preso desde junio del 2000, obtuviera libertad absolutoria porque consideran que fue injustamente acusado. Sin embargo, la familia del activista chiapaneco se manifestó satisfecha por el anuncio de que el presidente Enrique Peña Nieto había decidido indultarlo apoyado en las recientes reformas al Código Penal Federal.
Los cambios en la legislación indican que el Jefe del Ejecutivo puede conceder el indulto por iniciativa propia, por petición de las cámaras del Congreso o de la Suprema Corte, cuando existan “indicios consistentes” de que el sentenciado no tuvo acceso a una defensa adecuada, por violaciones graves al debido proceso o por la existencia de elementos suficientes que acrediten la inocencia.
A Patishtán Gómez, indígena preso desde hace trece años y sentenciado a 60 años de cárcel, se le consideró un “preso político”. Su caso llegó a los tribunales internacionales. Carlos de Jesús Alejandro, del PRD, exigió que se apliquen procedimientos de indulto a más de 8 mil indígenas en prisión por no haber tenido acceso a la defensa adecuada.
AL MARGEN
UNA LEY para la Protección del Ejercicio Periodístico en Tabasco, es lo que promueve la diputada Aracely Quevedo, del Partido Nueva Alianza (Panal). La iniciativa fue presentada en mayo pasado al Congreso local y ahora se realizará un foro “para enriquecer” la propuesta; se realizará el 13 de noviembre con la participación de ponentes del estado de Guerrero, Morelos y Baja California.
Entre los puntos destacados de la iniciativa citamos: la creación de la cláusula de conciencia, figura del secreto profesional, derecho de autor, libre acceso a las fuentes de información y fondo para la formación profesional, becas para los hijos y protección social de periodistas.
Trascendió asimismo que el gobierno estatal tiene prevista su propia iniciativa de ley para la información periodística.
MIENTRAS en el Instituto Electoral de Tabasco los consejeros no se ponen de acuerdo respecto a la posibilidad de que sea el Instituto Federal Electoral (IFE) organice las elecciones locales del 2015, este organismo pospuso la aprobación del proyecto de redistritación nacional que debería comenzar a discutirse el lunes. Los consejeros del IFE llegaron a la conclusión lógica que era necesario esperar la nueva reforma política y la decisión respecto a la creación del Instituto Nacional Electoral.
LA PRESENCIA en Tabasco de Enrique Peña Nieto, tercera durante este año ya como Presidente, es vista también en su sentido político. Podría decirse que todas las visitas presidenciales tienen un fondo político, pero esta se juzga más por las circunstancias que la rodean: la alternancia en la entidad, una férrea oposición a sus reformas por parte del lopezobradorismo, la relevancia de Tabasco en la industria petrolera, la ubicación geopolítica estratégica del estado.
Viéndolo en perspectiva, Tabasco podría ser un laboratorio para el sur-sureste. (vmsamano@yahoo.com.mx)
