Escala Crítica/Columna diaria
*Buenas intenciones contra recursos y malas atenciones
*El lucro y la manipulación, problemas estructurales
*¿Quién defiende a Díaz Uribe? “Sindicalismo” sin límites
Víctor M. Sámano Labastida
LA ATENCIÓN a los enfermos debe trascender el cálculo meramente económico o las consideraciones administrativas. El cuidado a los pacientes en condiciones de emergencia debe ser un asunto humanitario.
Una obligación de la medicina sea privada o sea pública. Más allá de los fines de lucro económico o político. Por supuesto que con mayor obligación para el sector público.
Este tema, el de la obligada atención a pacientes en urgencia, se convirtió en actualidad para Tabasco por dos recientes hechos relacionados con mujeres embarazadas: una joven tuvo su bebé en una sala de espera y otra mujer abortó en un baño de hospital. Los dos casos suponen una falta de atención oportuna.
Lamentablemente es una situación que se ha vuelto generalizada en el país.
Hemos visto deteriorarse las instituciones públicas pero también privilegiar el negocio en la medicina privada. El lucro –político o económico-, frente al servicio. Desde los años setenta, Iván Illich se refirió a lo que denominaba como “la expropiación de la salud”.
BUENAS INTENCIONES
EN MÉXICO carecemos de estadísticas, estudios, investigaciones sobre el costo y el efecto de una mala atención a los padecimientos.
A finales del 2013, el gobierno federal estableció que todos los hospitales públicos tendrían que aplicar la política de “cero rechazo” en el área de urgencias. Se supone que la atención en estas áreas de los hospitales y clínicas es de vida o muerte.
También se presume que nadie con un padecimiento que amerite atención urgente puede ser rechazado. Para esto no valdrían pretextos como carecer de credenciales o no ser derechohabiente. Claro que del dicho al hecho hacen falta recursos.
Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales se tienen que empeñar en mejorar sus instalaciones, la disposición de personal y de medicamentos. Pero también trabajar seriamente con la población para contar con una medicina verdaderamente preventiva.
Decía Illich algo que me parece de contundente actualidad: la capacidad de crecer, madurar, envejecer, enfermar y curar, es o debe ser responsabilidad del individuo.
El Estado –y no sólo el gobierno de Tabasco, aunque sí señaladamente por su autodefinición de izquierda- tiene que recuperar y mejorar su oferta de atención a la salud. Pero al mismo tiempo impulsar una cultura de la responsabilidad individual y colectiva. Lo anecdótico es relevante, pero no lo es todo.
Lo sucedido con las dos jóvenes tabasqueñas es el resultado de una larga historia de descuidos –familiares e institucionales- que deben atenderse.
En diciembre del 2013, a casi un año de aquella crisis hospitalaria de Tabasco por el inhumano saqueo de recursos, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, aseguró que todas las instalaciones del sector aplicarían la política del “cero rechazo” en urgencias.
Reconoció entonces que no todas las instituciones médicas estaban en condiciones de aplicar los nuevos protocolos porque faltaban recursos materiales y humanos para atender la demanda.
Hay sin embargo un problema estructural grave que no llega a las páginas de los diarios con el escándalo reciente: según datos del sector salud de 2010 más de 43 millones de mexicanos no tenían acceso a ninguna institución o programa de salud pública o privada.
Pero hay algo más grave todavía: convertir la salud o ausencia de salud en una mercancía o en un objeto de contienda política.
SECRETARIO ETERNO
DESPUÉS DE CASI un año de girada la orden de aprehensión, el ex dirigente del sindicato del Colegio de Bachilleres, José Ramón Díaz Uribe fue capturado. Está acusado de enriquecimiento ilícito y peculado. Esto es de robo de recursos públicos. También debe responder por ejercicio indebido de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por esa extraña y anormal costumbre que impera en los sindicatos, Díaz Uribe fue secretario general de los trabajadores de Bachilleres durante 17 años. Y hay voces que insisten en que sigue siéndolo.
En enero de 2013, con la llegada del nuevo gobierno, fue presentada una demanda penal en contra de Díaz Uribe.
Tan sólo en el 2012, de acuerdo a la denuncia oficial, Díaz Uribe se apropió de más de 32 millones de pesos del sindicato.
Por supuesto que el ex dirigente sindical no sólo tiene abogados sino también algunos defensores públicos quienes se quejan de una supuesta “cacería de brujas”.
Los dirigentes de organizaciones como el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano exigen que Díaz Uribe, así como otros acusados de apropiarse de los recursos públicos devuelvan el dinero y las propiedades. No basta la cárcel, dicen.
De comprobarse las acusaciones de las autoridades quiere decir que durante más de 15 años un dirigente sindical fue tolerado y protegido a pesar de que atentaba contra sus representados y en contra de la educación.
Los daños a las instituciones y a la educación es algo que no puede evaluarse en términos monetarios. Un daño irreparable, por lo menos frenado con las denuncias. Aunque por supuesto que hay intereses particulares afectados con estos procesos.
AL MARGEN
CUANDO ALGUNA vez se habló del subsidio que es aplicado al uso de la electricidad, el economista José Luis Manzo nos dijo que había que enfrentar algunos mitos. Que no era lo mismo vender un producto o servicio por abajo del precio del mercado que venderlo a menor precio que los costos de producción. Dejar de ganar no es lo mismo que perder, dijo más o menos.
Ahora hay una discusión parecida. La Comisión Federal de Electricidad anunció que durante marzo se ajustaron las tarifas, lo que significará un ahorro para la industria y el comercio. Este ahorro ocurre, dice los voceros de la paraestatal, como resultado de un nuevo mecanismo para calcular los precios de los combustibles usados en la generación de energía.
A decir del dirigente del PRI en Tabasco, Erubiel Alonso, hay una disminución de las tarifas. El líder del PAN en el estado, Jorge Ávalos, explicó que no es lo mismo reducir las tarifas que disminuir los aumentos.
EL MOVIMIENTO “Agua para todos” sigue tratando de recabar por lo menos 130 mil firmas antes del 22 de marzo para impulsar cambios legislativos que garanticen el acceso de toda la población al líquido vital. En un país de más de cien millones de habitantes podría pensarse que en un solo estado es posible juntar ese número de firmas. ¿Tabasco dará el ejemplo? (vmsamano@yahoo.com.mx)
