Escala Crítica/Columna diaria
*Se acaba el ciclo paraestatal; incierta etapa de competencia
*Cinco municipios acudieron a la Corte y fueron rechazados
*Los números de Núñez; complicada estabilización financiera
Víctor M. Sámano Labastida
SE ACABARION los monopolios en México, destacan diversas voces en relación a las reformas que modifican la presencia de Petróleos Mexicanos como empresa única en materia energética, lo mismo que de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que por lo general se olvida es que los monopolios estatales fueron una respuesta a la especulación de las empresas privadas en áreas estratégicas y de utilidad pública a finales de los años treinta del siglo pasado.
Comenté en ocasión de del aniversario 76 de Pemex el pasado 18 de marzo que estábamos ante la última conmemoración de esa paraestatal como empresa única para la extracción, refinación, distribución y comercialización del petróleo en territorio nacional.
DEL CARDENISMO
AUNQUE oficialmente su fundación como empresa estatal fue un siete de junio de 1938 por decisión del entonces presidente Lázaro Cárdenas.
Algo similar ocurre con la Comisión Federal de Electricidad, empresa fundada el 14 de agosto de 1937, que el jueves próximo cumpliría un aniversario más pero que ahora lo hará comenzando una nueva etapa, como “empresa productiva del estado”, de acuerdo a la definición de las normas recientemente aprobadas.
Tanto Pemex como la CFE tendrán ahora que competir con otras empresas privadas, seguramente empresas extranjeras. Habrá que señalar que aún antes de la reforma ya la electricidad tenía una creciente presencia de los inversionistas privados. Un proceso que se inició en el régimen de Carlos Salinas con la aprobación de la Ley de Prestación de Servicio Público de Energía Eléctrica. Eso permitió a particulares generar electricidad, supuestamente para autoconsumo.
Con Ernesto Zedillo, se modifica el sector eléctrico en 1997. Entran en en operación proyectos para generación de infraestructura y venta de electricidad, financiada y operada por inversionistas privados bajo la modalidad de Productores Independientes de Energía (PIE).
Aquella modalidad de los PIE fue amarrada a una especie de “rescate anticipado”, mediante el cual el gobierno de México garantizaba la compra de la energía generada por el sector privado durante la vida útil del proyecto. Los empresarios privados estaban “obligados” a vender su excedente al gobierno…
El consultor Mario Govea ha dicho que en Tabasco se vivieron las consecuencias de cuando se tiene que bajar la generación de electricidad del sistema público para garantizar la adquisición del “excedente” privado. Los PIE generaban, aún antes de la reforma, el 55 por ciento de la electricidad, en sus diferentes modalidades.
Tampoco Pemex estaba exenta de la inversión privada. En el segundo semestre de 2011, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón otorgó los primeros contratos para operar campos petroleros “maduros” a la empresa británica Petrofac y a la mexicana Administradora en Proyectos de Campos (APC).
En aquel tiempo, cinco presidentes municipales tabasqueños surgidos del PRD de Cunduacán, Jonuta, Tenosique, Jalapa y Paraíso, presentaron ante la Corte una Controversia Constitucional por la asignación de los yacimientos de Sánchez Magallanes, Santuario y Carrizo a empresas privadas. La Corte simplemente rechazó que los ayuntamientos pudieran tener un “interés legítimo” en materia de hidrocarburos “reservada a la Nación”.
UN ESTADO DE DESASTRE
PORTAVOCES oficiales confían se estabilizarán las finanzas. En diciembre de 2012, todavía siendo mayoría del PRI en el Congreso local, le aprobaron al nuevo gobierno de la primera alternancia en Tabasco y que encabezaría Arturo Núñez, un presupuesto de 36 mil 566 millones 739 mil pesos. Fueron 23 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.
Conocida en parte la grave crisis de las finanzas locales, en diciembre de 2013, un Congreso ya con mayoría del PRD –por lo menos formalmente- aprobó un presupuesto de 39 mil 652 millones 510 mil pesos, para este año. En tal ocasión, los votos a favor fueron 33 de 35, y uno en contra.
Sabido es que Núñez calificó de “zona de desastre” las finanzas recibidas –o más bien no recibidas-, al inicio de su gobierno. Comentó hace poco que
“todavía hoy descubro algunos adeudos nuevos”.
Según el mandatario, éste sería el más reciente balance en números de aquel desastre:
La deuda con los bancos suma 7 mil 500 millones de pesos. Recordemos que Manuel Andrade la dejó en unos 400 millones de pesos. El incremento ocurrió en la administración de Andrés Granier, de acuerdo a lo expuesto.
La deuda con los proveedores llegó a dos mil 300 millones. El titular de Finanzas Víctor Lamoyi señaló que se tienen pagados 800 millones.
Hubo un retiro de efectivo entre 2007 y 2012 por más de 9 mil 500 millones de pesos. Por haber sido de esta forma su rastreo resulta difícil.
La deuda con la Comisión Federal de Electricidad sería de unos 870 millones de pesos.
Esta administración debe aportar mil 500 millones de pesos al Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para que la Federación ponga su parte. Una mecánica que ya se hizo anual.
También se deben aportar 470 millones de pesos al fondo de pensiones, prácticamente desfondado.
Se requieren mil 500 millones para atender problemas en el sector educativo.
Hay una pérdida de por lo menos 28 mil millones de pesos por el cambio de la regla fiscal (suponiendo que lo que se dejó de recibir anualmente por este concepto un promedio 4 mil millones por año desde 2008, aunque otras estimaciones colocan el promedio en 6 mil millones).
En 2013 el gobierno federal hizo una aportación extraordinaria –“subsidio”, se afirma-. Sin ese recurso “no hubiéramos podido empezar a pagar las quincenas”, a decir de Núñez.
El 94 por ciento de los recursos que ingresas a la hacienda estatal provienen de la Federación y sólo 6 por ciento son recaudación propia.
AL MARGEN
¿SERÁ LA DEUDA pública un camino para tener recursos de inversión? Algunos gobiernos consideran que sí y han hipotecado hasta el 120 por ciento o más de sus participaciones (en Tabasco tenemos municipios que a estas alturas tienen comprometido la totalidad de su presupuesto). Para Tabasco su deuda actual representa el 22 por ciento de las participaciones.
Tampoco hay que ignorar que hay en camino una reforma constitucional para frenar los excesivos endeudamientos estatales.
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