Escala Crítica/Columna diaria
*El cobro de igualas y cochupos, un impuesto adicional
*Práctica que empobrece al pueblo y debilita al gobierno
*¿Sabotaje a Morena o falta de activismo?, caso Hidalgo
Víctor M. Sámano Labastida
NO HAY CIFRAS coincidentes, medidas homogéneas. Es un misterio. Transparencia Mexicana estimó en 2011 que el costo económico de la corrupción en el país rebasó los 32 mil millones de pesos. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calculó que las pérdidas por las prácticas corruptas se elevan a 1.5 billones de pesos (Gerardo Gutiérrez, 2012). Un punto de acuerdo: enriquece a unos cuantos y empobrece a la mayoría.
Los organismos encargados de medir la corrupción señalan que las “mordidas” representan un impuesto adicional de más del 14 por ciento para las familias de ingreso promedio; para quienes tienen reciben el salario mínimo el costo se eleva al 33 por ciento de sus percepciones.
Si es, como se afirma, que los cobros indebidos equivalen al 10 por ciento del Producto Interno Bruto –un diezmo-, pueden imaginar el volumen de la fuga en un estado como Tabasco que de acuerdo a las cuentas nacionales tiene un PIB de 604 mil millones de pesos (2011, Leopoldo Díaz Aldecoa).
SANGRÍA PERMANENTE
EL TEMA DE la corrupción es de suma actualidad en México y sobre todo en Tabasco. Desde el inicio de este gobierno se denunció que el desvío de recursos durante de la administración anterior implicó un faltante de más 20 mil millones de pesos. Sólo en el registro de los recursos manejados por el gobierno. No se cuenta la fuga que significa el pago de esas pequeñas sumas –pero enormes si se acumulan- que forman parte del “cochupo”, “transa”, “diezmo”, “iguala”, “arreglo”.
En una conversación con este columnista, el especialista en finanzas Firdaus Jhabvala, comentó principios de año que un verdadero cambio en México y en Tabasco sería pasar del “modelo imperial” en el uso de los recursos públicos al “modelo democrático”. De uno opaco y escondido a otro con rendición de cuentas claro y transparente.
En 2010 Tabasco se colocó entre los siete estados con mayor registro de actos corruptos. En un grupo en el que también se hallaban Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Edomex y Distrito Federal. Por el contrario, el mejor desempeño se observaba en Nayarit, Durango, Baja California Sur.
Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en la década del 2001 al 2011 Tabasco se mantuvo entre las entidades con más actos irregulares e ilegales de este tipo. A la vista de las denuncias oficiales, puede usted concluir si en el 2012 aumentó o disminuyó la transa. Aún faltan los comparativos nacionales.
AUTORIDAD DEBILITADA
AYER FUE inaugurado en Villahermosa un foro internacional contra la corrupción. Participan representantes de 24 países, como Chile, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Grecia. Oficialmente el objetivo es impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, al igual que conocer las mejores prácticas de la administración honesta y eficiente de los recursos.
En su mensaje el gobernador Arturo Núñez mencionó, entre otros muchos aspectos, cómo la corrupción “vulnera y debilita la estructura gubernamental”. Anotaríamos que no sólo porque de ahí deriva una pérdida de confianza sino también una evidente ineficacia. Un crimen es cuando esta falta ocurre en los sistemas de atención médica, de seguridad pública y de protección civil.
Se insiste en que la corrupción empobrece a las naciones, a los estados, a las comunidades y familias. Pagan más los más vulnerables.
Dijo Núñez y esperemos que estos dichos se reflejen en el nuevo entramado legal y de acción pública: “mientras más clara sea la definición penal de actos como el soborno, la malversación de bienes, el peculado, la obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el enriquecimiento ilícito así como el lavado de activos y dinero, mayores oportunidades habrá de aplicar la ley eficazmente”.
Me decía hace algún tiempo un investigador de asuntos de transparencia: no hay pueblos más o menos corruptos, hay países y gobiernos donde la ley se aplica o donde se negocia.
El foro internacional en Tabasco en el que se hablará de corrupción concluye hoy.
EL CAMINO DE MORENA
ANDRÉS Manuel López Obrador denunció un sabotaje oficial para la asamblea estatal que el Movimiento de Regeneración Nacional tenía que realizar el domingo en Pachuca, Hidalgo. Sólo se reunieron dos mil 200 de los tres mil delegados exigidos por el IFE, por lo que solicitaron oportunidad para reponer la asamblea el 13 de octubre.
En cambio en Oaxaca, Morena rebasó el mínimo exigido al convocar a 6 mil 691 delegados y en Puebla a 4 mil 90.
De acuerdo al programa del nuevo proyecto de partido, el próximo fin de semana las asambleas serán en Zacatecas, Tlaxcala y Veracruz y posteriormente seguirían las de Baja California, Chiapas y Tabasco. Habrá que ver si la realización de la asamblea en Tabasco no es afectada por la reprogramación de Hidalgo, el 13 de octubre.
En las elecciones de julio de 2012, López Obrador obtuvo en Hidalgo el 26 por ciento de los votos, ubicándose en segundo sitio. Más de 300 mil sufragios. No hay un reflejo automático entre el apoyo en las urnas y la militancia; le sucede a todos los partidos.
AL MARGEN
PASARON del entusiasmo al rechazo. Los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática apoyaron la creación de un Instituto Nacional de Elecciones que sustituyera al IFE y también a los instituto estatales (IEs). Se acusa, y con razón, que la mayoría de los IEs o están bajo control de los gobernadores y del partido en el poder en las entidades, o son mal ejemplo de derroche y mal manejo de recursos.
En esto, como en varios otros mecanismos que se ha dado el sistema mexicano, en lugar de hacer que funcionen se les quiere sustituir por otros que a la vez serán reemplazados por otros.
POR SUPUESTO que hay corrupción en la iniciativa privada: un mal producto, un mal servicio, el engaño (dar una cosa por otra) y el maltrato, son algunas de las expresiones.
¿CUESTIÓN de percepciones? Ocho de cada diez habitantes de Tabasco consideraban en 2012 que el estado era inseguro. Recientemente el gobierno estatal reconoció la necesidad de reforzar las acciones de prevención y combate al delito.
DIEZ MUNICIPIOS no cumplen con la obligación de ofrecer la “información mínima de oficio” a que obliga la Ley de Transparencia, reconocen las autoridades del sector. Cuando resulta más económico pagar la sanción que cumplir la ley estamos ante un “incentivo perverso”. (vmsamano@yahoo.com.mx)
