Escala Crítica/Columna diaria
*Cuenta regresiva para Duarte y Yarrington, 15 millones por cabeza
*Disminuir el burocratismo, reto para la administración y la mordida
*En los recortes presupuestales, queda en el aire prevenir la delincuencia
Víctor M. Sámano Labastida
PUEDE parecer absurdo pero es real. Por lo menos dos ex gobernadores mexicanos están como en el Viejo Oeste: con sus imágenes fijadas en carteles para caza recompensas. Javier Duarte, de Veracruz, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, se escabulleron a las autoridades. Existe la percepción de que estamos ante fugas pactadas o por lo menos consentidas.
Primero la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que daría hasta 15 millones de pesos por el paradero de Duarte de Ochoa. Apenas el martes se ofrecieron otros 15 millones de pesos por Yarrington. Algo no funciona, o funciona mal en el sistema político-judicial mexicano. Si no es posible tener un mínimo control de la ubicación de los integrantes o ex integrantes de la magia del poder, es momento de preocuparse en serio.
El veracruzano Javier Duarte está prófugo desde el 18 de octubre. Se escapó de las manos de las autoridades, aunque se suponía vigilado varias semanas antes. Las anomalías de las que se le acusan fueron detectadas por lo menos desde principios de año, cuando comenzó la carrera por la sucesión y sus opositores exhibieron los daños. Fue preciso que su partido perdiera las elecciones para que se tomara en serio la denuncia.
El viernes 11 de noviembre, un mes después de su huida, la PGR colocó a Duarte de Ochoa en su página de los más buscados. Advertía el anuncio oficial: “A pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión, aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización”. De ahí la oferta de pago por la denuncia del paradero. Su predecesor, Fidel Herrera, fue públicamente expuesto pero logró colocarse como cónsul de México en Barcelona.
En el caso de Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas, éste tuvo más tiempo para fugarse puesto que abandonó el país mucho después de dejar el cargo. Estuvo al frente de la administración estatal de 1999 a 2005. Su predecesor fue Manuel Cavazos Lerma y el sucesor Eugenio Hernández Flores; los dos con acusaciones en su haber, sólo que el primero es actualmente senador.
La policía busca a Yarrington desde el 2012 cuando se emitió una orden de captura. El martes 22 de noviembre de 2016, cuatro años después, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la oferta de recompensa.
Cada vez resulta más frecuente que gobernadores o ex gobernadores tengan expedientes abiertos ante las autoridades judiciales. Hay quienes han logrado evadir los cargos hasta ahora, como el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
En fechas recientes se conocieron diversas acusaciones en contra de los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Chihuahua, César Duarte. Lo mismo que contra el ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina. Un ex gobernador que se entregó a la policía es Guillermo Padrés, de Sonora. El tabasqueño Andrés Granier, en junio de 2013, acudió ante las autoridades federales para presentarse a declarar en forma voluntaria y fue aprehendido.
Ante la frecuencia de este tipo de casos, sin duda que deberán actualizarse las leyes para impedir no sólo la fuga sino para garantizar la recuperación del dinero público que pasa a manos privadas.
MUCHAS VENTANILLAS, AGUJEROS
ESTÁ demostrado que mientras más trámites imponga un gobierno a la población, más crecen las posibilidades de corrupción. Estos trámites pueden ser excesivos para obtener un servicio, para pagar una multa, o para obtener un permiso. Según organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una familia puede destinar entre 14 y 30 por ciento de sus ingresos para el pago de las llamadas mordidas.
Una recomendación generalizada es disminuir al máximo los trámites y los tiempos de espera, así como ajustar las multas al mínimo.
Esta semana el gobernador Arturo Núñez anunció que unos mil 500 trámites relacionados con las dependencias estatales serán información de libre acceso. Hay trámites como la obtención de licencias de manejo o el pago de refrendos en los vehículos que se han agilizado. Lo mismo se anuncia para la obtención de actas de nacimiento. Es un avance, pero todavía falta. Con los nuevos avances tecnológicos, los gobiernos deben facilitar la atención a la población.
Por lo general, el exceso de empleados en la burocracia aumenta el número de trámites que hay que realizar y esto, como le decía, abre un mayor espacio para la corrupción y también para la ineficiencia.
Tres son las áreas donde según una encuesta del INEGI existe un mayor riesgo de corrupción: en el contacto con la policía y los agentes de tránsito, en los ministerios públicos y en los permisos para abrir una empresa.
Una buena regulación no es la que obliga a un exceso de trámites, sino aquella que logra el mejor control con la menor cantidad de ventanillas. Los gobiernos se han comprometido a un servicio ágil, eficaz y barato. Es lo que espera y exige la población.
SEGURIDAD ¿UNA PRIORIDAD?
SE CRITICA con frecuencia la falta de continuidad o planeación en algunas obras o acciones de los gobiernos. No pocas veces se gastan recursos en proyectos que son suspendidos cuando cambia una administración. Hemos visto obras dejadas a medias o abandonadas, acciones de las cuales no se rinde cuenta de sus resultados o que no hay forma de comprobarlos.
Recientemente el diario Reforma publicó que uno de los programas clave del gobierno federal para prevenir la violencia y combatir a la delincuencia se quedó sin recursos para el 2017. Al programa nacional Pronapred se le destinaron casi 10 mil millones de pesos del 2013 al 2016, pero para el próximo año se queda sin recursos, indicó el reporte.
La Secretaría de Gobernación sostiene que sí habrá dinero para ese programa. Sin embargo, en los recursos destinados para apoyar el combate a la delincuencia en los estados hay un recorte de casi mil millones de pesos para el 2017.
El gobierno federal estableció como uno de sus compromisos más importantes prevenir el delito y para ello primero identificó unas 75 zonas en las que se invertiría, entre estas algunas colonias de Villahermosa. Este año redujo estas zonas a sólo 50.
Se requiere un esfuerzo especial para amortiguar el ingrediente social del delito en la crisis. (vmsamano@hotmail.com)
