Escala Crítica/Columna diaria
*Deben gobierno y sociedad actuar en dos frentes: ingresos y delincuencia
*La protección cuesta; la inseguridad afecta a la actividad cotidiana
*No hay que olvidar los efectos del gasolinazo y de la crisis petrolera
Víctor M. Sámano Labastida
NON SÓLO en Tabasco, en el país uno de los problemas que es más urgente atender es el de la seguridad pública, el del combate al delito. De esta manera, durante varias semanas diversas agrupaciones y personas insistieron en la necesidad del despliegue de la Gendarmería Nacional en la entidad. Unos 300 elementos de esta agrupación llegaron en diciembre pasado. Su presencia coincidió con la presentación del Programa Integral de Seguridad Pública (PISP).
Este Programa contiene 15 acciones inmediatas y 11 de corto y mediano plazo, de acuerdo a lo expuesto por el gobernador Arturo Núñez quien reconoció que la inseguridad es el reto más complejo que ha enfrentado su gobierno. Es una batalla –dijo- que se ganará de la mano de la sociedad, con la participación de todos. Incluidos, habrá que decir, los partidos políticos.
La serie de medidas del Programa Integral no sólo consiste en la capacitación e incluso contratación de policías –cuando inició este gobierno había un déficit tal que sólo se tenía la tercera parte de elementos contra lo que exige la norma internacional-, sino también en la adquisición de equipo de vigilancia y la ampliación de infraestructura. Sobre todo de la más moderna tecnología, porque aunque en Tabasco lo que predomina es la delincuencia común también hay que combatir a los grupos delictivos cada vez más sofisticados. No por mera casualidad se habla de la “delincuencia organizada”, lo que implica su alto grado de complejidad.
OPONERSE Y COLABORAR
PARA APOYAR las acciones contra la delincuencia el gobierno estatal anunció que solicitaría al Congreso la autorización de un préstamo por 700 millones de pesos. Formalizada la petición vino una respuesta de los partidos de oposición en desacuerdo con un “mayor endeudamiento del estado”, así en términos generales. Resulta explicable que entre partidos y entre políticos toda decisión del gobierno genere polémica, pero lo importante es que los recursos se apliquen en lo que se necesita.
Los representantes del PRI y de Morena en el Congreso local anunciaron que no respaldarán la solicitud. La mayoría de los diputados del PRD seguramente votarán en favor de estos requerimientos. En este mismo sentido se manifestaron los dirigentes de grupos empresariales y otros grupos sociales.
Puede adelantarse que la solicitud de crédito en cuestión será aprobada por la mayoría. Sin embargo, lo importante es que la población y la opinión pública conozca los argumentos de esta acción de gobierno.
Algunos diputados han argumentado que los 600 millones de pesos que el gobierno anunció como ahorros en el Plan de Austeridad se utilicen en el combate a la delincuencia sin necesidad de endeudar al estado. Pero son dos cosas distintas aunque complementarias.
De acuerdo a lo anunciado con el plan de austeridad, los 600 millones de pesos que se ahorrarán estarán destinados a programas sociales y para el impulso del empleo. Ante la gravedad de la crisis del país entero, resulta sin duda indispensable detonar acciones para la creación de empleos no burocráticos –no se trata de que el gobierno contrate más gente-, para que haya una oferta mayor a la población.
DISTINTO NO ES LO MISMO
ME PARECE que es necesario distinguir entre los recursos provenientes del empréstito que se busca para el Programa de Seguridad y los ahorros que se generarán con las anunciadas las medidas de austeridad. El crédito se reflejaría de manera inmediata en una disponibilidad financiera que permita a Tabasco hacer frente a las necesidades de la aplicación de las acciones de seguridad pública.
Los ahorros de los ajustes en el gasto gubernamental no implican contar de inmediato con ese dinero, sino que se verán materializados a lo largo de todo el año en acciones diversas. De acuerdo a la propuesta gubernamental, esos 600 millones de ahorro irán al campo tabasqueño, la acuacultura, apoyo a microindustrias, pequeños comerciantes, autoempleo y promoción del turismo entre otros.
No debemos olvidar que el gobierno tiene que actuar en varios frentes. Uno que no se debe descuidar son los efectos de la crisis petrolera y la provocada por los recortes presupuestales a nivel federal. No se trata sólo de combatir a la delincuencia sino de evitar que un mayor deterioro social sea caldo de cultivo para la inseguridad.
En relación a la solicitud de empréstito que seguramente esta semana discutirá el Congreso local, el gobierno ha explicado a través de la Secretaría de Finanzas que sí se destinarán a la “inversión productiva” y no al gasto corriente, como se especula.
Los 700 millones que pretende obtener el gobierno a través de los bancos se distribuirían de la siguiente forma: rehabilitación y adecuación de infraestructura física para la seguridad: 279 millones 578 mil 888 pesos; tecnologías de la información, seguridad y comunicaciones: 143 millones 980 mil 447 pesos; vehículos operativos y tácticos: 143 millones 118 mil 800 pesos y equipamiento operativo y táctico 132 millones 364 mil 201 pesos.
Hay un debate que parece ocurrir lejos del interés público: la distinción entre inversión productiva y gasto corriente. Lo fundamental es que los diputados se asuman no como obstáculo a una gestión gubernamental –simplemente como ejercicio opositor-, sino que estén atentos a las necesidades de la población y supervisen la aplicación real y eficaz de los recursos.
Por supuesto que tampoco es para inquietar que haya un debate. Esto enriquece no sólo la participación informada de la población, sino que obliga a los propios partidos políticos y sus representantes en el Congreso a analizar, argumentar y proponer soluciones viables.
AL MARGEN
NOS COMENTAN que la contratación del empréstito se sujetaría a las bases establecidas en la iniciativa: un monto de financiamiento de 700 millone sde pesos, sujetos a una tasa de interés, preferentemente fijo, cuyo plazo de amortización sería de hasta 10 años.
EL GOBIERNO debe aclarar el uso de poco más de mil 800 millones de pesos que se etiquetaron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 para al rubro de seguridad pública, dijo Adán Augusto López, dirigente de Morena, cuyo partido se opone al nuevo empréstito. (vmsamano@yahoo.com.mx)
