Escala Crítica/Columna diaria
*Poner bardas y barrotes no garantiza la seguridad
*Riesgo, dejar que delincuentes ocupen el espacio público
*“El crimen no paga”, decían los clásicos; contra impunidad
Víctor M. Sámano Labastida
LAS CIUDADES más seguras según la percepción de sus habitantes, nos dicen los registros más recientes del INEGI, son Mérida (Yucatán), Puerto Vallarta (Jalisco), Saltillo y Piedras Negras (Coahuila) y las capitales de Campeche y Durango. No siempre ha sido así. Como también comenzó a variar –muy poco, pero existe un avance- en el caso de Villahermosa, que ahora se coloca en cuarto y no en primer sitio de riesgo, cuestión a la que me referí en mi anterior colaboración.
Aunque los temas dominantes en la agenda actual tienen que ver con candidatos, partidos y las próximas elecciones, no podemos ignorar que la prevención y combate al delito están en el centro de la preocupación de la población común. Por demás está decir que la inseguridad –y el temor resultante- resulta paralizante de cualquier actividad. Un círculo vicioso al que México entró hace más de una década.
Le decía ayer que la “percepción de inseguridad”, el miedo, es una construcción social, de acuerdo a los especialistas. Existe a partir de hechos concretos, pero también puede resultar de otra serie de factores no necesariamente proporcionales a los datos duros de homicidios, robos, secuestros. En este sentido, cité un estudio del ecuatoriano Fernando Carrión Mena (“Percepción de inseguridad ciudadana”). Por la importancia del tema para nuestra vida cotidiana, permítame ahora referirme a un enfoque complementario de la mexicana Victoria Aranzábal.
DE NOSTROS O DE ELLOS
LA PRIMERA reacción de los habitantes de una localidad afectada por la delincuencia y la inseguridad –y lo hemos visto en Tabasco- es protegerse detrás de barrotes y bardas. Se abandona el espacio público para encerrarse en lugares privados. Inclusive resulta común escuchar que se debe evitar tal calle o colonia “porque son peligrosas”. Esta no es la mejor decisión; ha mostrado inclusive que es una manera de dar incentivos a los malhechores quienes se adueñan de los lugares públicos. La ilegalidad expande sus dominios.
En este sentido, me parece que no sólo las autoridades –aunque ellas en primer lugar-, sino también la población debe recuperar lo que socialmente es suyo: los espacios de convivencia pacífica, recreativa y productiva.
En un interesante ensayo la arquitecto Victoria Aranzábal (IMPLAN, Coahuila, 2015: “Prevención del delito mediante la construcción del espacio público”), refiere que frente a la expansión de la violencia “las estrategias de “vacuna” han ido ganando terreno”.
En estas acciones “el espacio público ha surgido como un eje importante, no sólo como táctica de prevención, sino también como línea de acción para la disminución de los niveles de percepción de inseguridad. Este territorio, accesible a todos, está caracterizado por las fachadas de nuestras casas y negocios, banquetas, vegetación, mobiliario, infraestructura y también por la manifestación de dinámicas y hábitos individuales y sociales”.
Coincide con otros investigadores y con la experiencia diaria que nos muestra que el robo o asalto a transeúntes, el acoso a las mujeres, los robos de vehículo, a viviendas y negocios, así como al transporte público –entre muchos otros- están asociados al uso o abandono del espacio.
MENSAJE EQUIVOCADO
POR ESO no es nuevo el estudio y atención del espacio público (calles, parques, jardines, estacionamientos) como factores que propician o desalientan los actos delictivos. Conocida es la teoría de las “ventanas rotas” con la que se ha comprobado que la ilegalidad se asienta en la percepción de abandono. Aquí agregaría el columnista que en ese sentido es preocupante la insistencia respecto a la incapacidad de las autoridades, porque entonces se manda un mensaje a los violentos: tiene n más posibilidades de gozar de impunidad. En análisis de los espacios públicos se ha realizado de manera sistemática desde los años sesenta, esto es hace ya más de medio siglo.
Comenta Victoria Aranzábal que “la percepción de inseguridad, detonada por los niveles de violencia y crimen, han desincentivado a la población principalmente a: permitir que sus hijos menores de edad salgan de casa, salir de noche, salir a caminar, visitar parientes y amigos, tomar taxi, salir a comer o a cenar, ir al cine o al teatro, por mencionar algunas”.
Agrega: “En el espacio público existen lugares en los cuales podemos sentirnos seguros o inseguros y esto determinará en gran medida su uso y la construcción de relaciones que se den en él, dando lugar a la aparición de “no lugares”, “espacios comunes” (de uso pero no de construcción social) o a espacios públicos integrados e integradores”.
El análisis de la especialista es amplio e ilustrativo. Me parece que tiene sentido reflexionar sobre una interrogante que plantea: ¿Estamos construyendo ciudades propicias para el delito? Cierto, usted me podría decir y con razón que la interrogante se puede ampliar, porque parecería que estamos construyendo sociedades propicias para el delito.
Por hoy me quedo con un planteamiento de Aranzábal: “Como si fuera sometido a un estudio económico de análisis de costo-beneficio, nuestro espacio público puede ser percibido por los delincuentes como lugares de poco riesgo en relación a la ganancia que obtendrán”. Esto es: muy bajo costo (riesgo de sanción) y un alto beneficio.
La ecuación debe cambiarse y el mensaje debe ser como en los clásicos relatos policiacos: el crimen no paga. Pero para que esto suceda se deben recuperar los espacios públicos. Diría más: recuperar la acción policiaca como un espacio público, no como un coto privado. (vmsamano@yahoo.com.mx)