Escala Crítica/Columna diaria
Víctor M. Sámano Labastida
* La tendencia imperante: usar criterios políticos para aplicar la ley
* Condicionamientos económicos y culturales, rigen la impunidad
* El 13 de marzo los comicios extraordinarios; Peralta, el interino
ESTE AÑO a punto de concluir mostró lo evidente: un creciente encono en la sociedad. En otras latitudes se habló de los indignados; en nuestro país de la inconformidad con múltiples rostros. Inseguridad, desempleo, desplazamientos forzados, aumento de precios y baja de salarios, normas sin aplicar a quien puede y duras sobre quien necesita. El telón de fondo es la desigualdad creciente.
Buena parte del encono (popularmente hay otra palabra) nacional se incuba desde lo que llamaríamos las legalidades selectivas, cuya asimetría para ciudadanos pudientes y no pudientes resulta visible mediáticamente. El aforismo romano “la ley es una telaraña que rompen los fuertes pero enreda a los débiles”, se cumple puntualmente.
Dicho por el habitante común y que se lee en las cárceles mexicanas: “no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. La pobreza en sí es un castigo. Un sabotaje cruel y silencioso a las formas democráticas básicas, con un resultado grave: la erosión de la confianza ciudadana en los gobernantes.
Obsérvese, por ejemplo, la legalidad selectiva en el terreno sindical. Los sindicatos no son peritas en dulce, pero: ¿cuántos sindicatos existen en México y cuántos son examinados con la lupa legalista? Sólo aquellos que se apartan, en momentos decisivos, de la línea trazada por el gobierno en turno. Le pasó al sindicato petrolero con Hernández Galicia, La Quina (1989/Salinas), al SNTE con Elba Esther Gordillo (2012/Peña), al sindicato minero metalúrgico de Napoleón Gómez Sada (Fox/2003), a los electricistas de Luz y Fuerza del Centro (2009/Calderón).
Sucede con los maestros disidentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con más de 200 órdenes de aprehensión (en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero).
¿Hay historias cruzadas de poder entre sindicalismo y presidencialismo?¿Hay complicidades que se rompieron? Existe una legalidad aplicada a sindicatos más con criterios políticos coyunturales, capricho del gobernante en turno y su interés por legitimarse. Falta una reestructuración sindical con parámetros de discusión técnica y ética, productividad y defensa gremial.
NORMA: SEÑORITA EN EL TEXTO,
DOÑA IMPUNIDAD EN LO REAL
LA LEGALIDAD selectiva en México no es un misterio: la corrupción, sistémica y organizada de forma piramidal (de arriba para abajo), afloja las correas jurídicas y detiene la aplicación pareja de la ley. “El lubricante de la corrupción -cita un estudio internacional sobre ‘marcos legales y su regulación’, auspiciado por la UNESCO (2014)- hace que en México empresarios nacionales y extranjeros se gasten 100 mil millones de pesos en negociaciones por debajo de la mesa. No se sabe adónde va a parar ese dinero, luego de que las autoridades mexicanas discrecionalmente gestionan contratos y prestaciones con particulares”. Sobran comentarios.
¿Cuáles son las razones culturales de las legalidades selectivas en México? Aquí tres que se repiten en los diagnósticos de historiadores, juristas y sociólogos: 1) la herencia española pesa, con una norma dura en el texto, pero de aplicación blanda en la realidad; 2) la herencia del porfiriato y la revolución mexicana, con discrecionalidad y cuchara grande para allegados al que manda; 3) el poder presidencial sigue de vacaciones éticas y el mal ejemplo cunde, porque si lo hace el Gran Tlatoani entonces hay licencia para aceptar ‘moches’ en lo oscuro, aunque los discursos digan lo contrario.
MÉXICO LINDO Y QUÉ HERIDO
ESTE AÑO se aprobó una ley que permite a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Energía equivocarse y tener un seguro de hasta 100 millones de pesos, “por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones”. Lo refiere el jurista Ernesto Villanueva (Proceso, 4 de septiembre de 2015). La cobertura del inédito seguro gubernamental abarca “daño patrimonial al estado, impericia y negligencia”. Son 35 funcionarios los favorecidos para no sufrir si echan a perder algo en el ejercicio de sus funciones. ¿Y la Contraloría?
Legalidad selectiva es que Carmen Arístegui y su equipo reciban este año dos premios internacionales de periodismo por su reportaje sobre la llamada Casa Blanca, pero en México hayan sido despedidos de sus trabajos, además de perder un juicio de amparo que cuestionaba las atribuciones empresariales para decidir sobre un bien público (la radiofonía).
Legalidad selectiva es que el Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) diga que no existió el incendio del basurero de Cocula, donde supuestamente murieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mientras el extitular de la PGR Jesús Murillo Karam ofrece “su versión detallada de la verdad histórica” a un diario nacional, sin ser requerido para explicaciones legales como protagonista de lo informado oficialmente.
El enojo nacional es real. El hartazgo ciudadano pasa por la impotencia ante la impunidad legalista. Es visible la injusticia en casos significativos para la opinión pública, lo que es un avance frente al México opaco del siglo XX, pero algo falta: eso todavía no trae una aplicación más pareja de la ley. Las asimetrías legales son el cisne negro que destroza la concordia nacional. Lo sabemos y lo padecemos. ¿Cambiará algo en el 2016?
AL MARGEN
DEMASIADO tejer en torno a las opciones políticas que había en torno a las elecciones extraordinarias y la designación de un Concejo Municipal, pero al final se impuso la lógica de la mayoría: las votaciones serán en marzo próximo y en enero asumirán provisionalmente la autoridad en la capital tabasqueña Francisco Peralta Burelo, Eloísa Ocampo González y José Santos Márquez Gordillo. El primero tiene experiencia como edil, pues ya lo fue en Comalcalco de 1977 a 1979.
Respecto a los comicios extraordinarios, la resolución del Congreso sólo establece las fechas de la jornada electoral y de la toma de posesión del alcalde electo y los regidores. Se supone que calcularon ya el tiempo que lleva el desahogo de los medios de impugnación, porque sin duda que habrá inconformidades. Existe demasiada polarización entre las fuerzas partidistas.
FUE APROBADA la Ley del ISSET que sustituye a la de 1984. Una reforma necesaria, pero también polémica. Habrá oportunidad de abundar.
