Escala crítica/Columna diaria
* Deudas acumuladas: ¿pagar en bloque o de forma selectiva?
* Desarrollo desigual; trampa federal del 2018: politizar la economía.
* DIF-Tabasco y la profesora López Aguilera: un cambio cultural de fondo
Víctor M. Sámano Labastida
BIEN PODRÍA pedirse que levante la mano el gobierno estatal sin deudas. Sólo Tlaxcala pasa esa prueba. Tabasco logró frenar el crecimiento geométrico de su hipoteca ocurrido entre 2006 y 2012. México es un amasijo de deudas estatales que descuadran las finanzas públicas, un concierto de descoordinación y falta de planeación. Lo veremos con números redondos.
El tobogán comenzó en 2008, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: de 203 mil millones de pesos se pasó a 510 mil millones en 2015, un incremento de 200%; los datos de 2016 (en proceso) se auguran terribles, con los sainetes de Veracruz (Duarte prófugo), Sonora (Padrés detenido), Chihuahua (otro Duarte filma la película ‘ojo de hormiga’), Quintana Roo (Roberto Borge en la mira), Tamaulipas (vientos de Yarrington boletinado), el Estado de México en escenario electoral (Erubiel cuida las espaldas de Atlacomulco) y la capital del país en campaña presidencial (Mancera protege sus aspiraciones).
Ahora que Veracruz parece entrar en una renegociación urgente de su deuda pública de corto plazo, un debate será ¿por qué una entidad federativa sí y otras no? Es decir: cuáles son los criterios de colaboración entre Federación y Estados.
Se discutirá, por supuesto, la diferencia entre criterios políticos y criterios financieros: si pesan más los criterios políticos que los planes económicos de cada estado. Hay responsabilidades compartidas e impunidades a determinar. Será una cuestión candente, que incluso se explotará en el terreno electoral: ¿Por qué se tiene que enfrentar de lleno la insolvencia de Veracruz, mientras que otras entidades “quedan como el chinito”?
Mientras llegan esos debates, veamos números de la tragedia estatal llamada endeudamiento sin planeación estratégica.
EL PASTEL HISTÓRICO;
SEIS ESTADOS DESALMADOS
EL COMPARATIVO histórico de deuda pública estatal que se tiene a la mano, abarca de 1993 a 2015 (documento del Instituto Mexicano para la Competitividad, con datos de la SHCP): se comienza con 18 mil millones de pesos y se termina con los ya referidos 510 mil millones. En ese arco histórico, el incremento es de 2000% neto, y 343% en términos reales por la devaluación del peso. Por sexenios federales, la administración de Carlos Salinas dejó esa deuda en 28 mil millones de pesos (1994); Ernesto Zedillo la llevó a 91 mil millones (año 2000), más del 300% de aumento; Vicente Fox la adelantó a 160 mil millones (2006), incremento del 80%; Felipe Calderón rompió la vajilla y la deuda estatal se fue a la estratósfera, con 435 mil millones (2012), 150% más, pero sobre números de suyo altos; Peña Nieto tiene que pasar la prueba amarga de un 2016 terrible para varios estados, con gobernantes cuestionados y perseguidos por la justicia. Los números seguirán su tendencia a la alza. Y no se observa un horizonte económico que rompa esta ruta: viene el final de sexenio con su cauda de elevación del gasto público por ‘factores electorales’.
Desde luego, la deuda pública estatal no es total responsabilidad federal. Sin embargo, llama la atención que se ha seguido un camino francamente desigual: 6 estados concentran el 55% del total.
Están en esta lista negra: Distrito Federal, 65 mil 800 millones de pesos; Nuevo León, 56 mil millones; Chihuahua, 41 mil 300 millones; Veracruz, 37 mil 400 millones; Coahuila, 36 mil 700 millones; Estado de México, 32 mil 900 millones. Son los estados más gastalones. O con gobiernos saqueadores. Por supuesto, hay que considerar la población y territorio de cada estado, para dimensionar sus compromisos. Tlaxcala no tiene deuda y es la entidad más pequeña de la república en territorio y población.
De todos modos, la asimetría en la acumulación de deuda es cuestionable: no cuadra con criterios racionales de desarrollo regional. Compare usted, lector, las cifras anteriores con la deuda registrada por Tabasco: poco más de 6 mil millones de pesos, aunque sin aumento real en lo que va de este sexenio.
Quintana Roo, un estado turístico de poca población y extensión territorial, es el séptimo lugar en nivel de deuda: 19 mil 400 millones de pesos. Y Chiapas, entidad limitada en su productividad, es el octavo lugar de deuda con 18 mil 200 millones de pesos, como si el joven gobernador Manuel Velasco, caído de su caballo, tuviera resortes políticos de contratación de deuda. Pues parece que los tiene, o los tuvo.
LA SUPERVISIÓN PERDIDA
¿CÓMO se contrata la deuda pública estatal, a partir de qué planeación, meramente estatal o junto con la federación?, ¿quiénes deciden qué, cuánto y cómo? ¿Los congresos locales, hacen algo más que firmar y aprobar?, ¿cuáles son los candados de supervisión estatal y federal?, ¿cómo entra en juego el nivel municipal, que dispone de recursos federales y estatales? Las preguntas son focos rojos. En términos formales hay procedimientos y papeleo que consta. Pero la realidad desmiente muchas veces el papeleo. Y después no se encuentra a los responsables. O se les deja huir.
México, desde 1988, entró en una transición democrática de intensa competencia política. Sin embargo, eso no trajo una mejor supervisión para el dinero público. Los presupuestos gubernamentales brillan por su opacidad y discrecionalidad. Las cuentas entre municipios, estados y federación requieren nuevos acuerdos, o la supervisión precisa de los existentes. Hay que despartidizar la economía. Los votos de otros le cuestan mucho al pueblo.
UN NUEVO PISO SOCIAL
HAY QUE pasar del asistencialismo a la promoción del desarrollo. El debate no es nuevo. Se habla del salto del asistencialismo (subsidios) al persistencialismo comunitario, ingresar a la etapa del constructivismo y del cambio estructural. La ayuda inmediata, urgente, es necesaria en una sociedad (el país entero y el continente) brutalmente desigual y con altos índices de marginación.
En el reciente informe de la profesora Martha Lilia López, quien preside el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, habló de la necesidad de un cambio cultural y de pensamiento para dar autonomía, capacidad de acción y responsabilidad a la gente. “Un cambio de actitudes para que las instituciones sirvan con eficacia a las necesidades reales de las familias y la sociedad”. El evento se realizó con la población beneficiada e invitados especiales, entre ellos el gobernador Arturo Núñez.
La integración familiar y comunitaria, la inclusión, es clave para la integración de un proyecto socialmente justo.
(vmsamano@yahoo.com.mx)
