Escala Crítica/Columna diaria
*Se cumplen diez años con los militares en tareas de seguridad pública
*No fuimos entrenados para perseguir delincuentes, dice el jefe de Sedena
*Votan diputados por suspender como alcalde a Cuauhtémoc Blanco
Víctor M. Sámano Labastida
En junio del 2014 la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano retirar al ejército de las tareas policiacas que hace diez años les encomendó Felipe Calderón (PAN), cuando declaró su fallida “guerra contra las drogas”. En diciembre de 2006, el entonces presidente envió los primeros 6 mil 500 soldados a Michoacán. No es que antes no se involucraran los militares en la batalla contra los narcos, sólo que no se había asumido como una política de Estado.
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 2011 llegaron a desplegarse hasta 52 mil 690 soldados en el territorio nacional para operaciones policiacas; esa cifra bajó a 35 mil 61 según reportes publicados en octubre de 2015. Podría suponerse que en la administración de Enrique Peña Nieto unos 17 mil soldados volvieron a sus cuarteles.
En realidad se desconoce el número exacto de soldados que han sido desplegados para combatir a la delincuencia desde el 2006 a la fecha. Pero sí se tienen datos de que en los últimos cinco años se duplicaron los contingentes en tareas permanentes de seguridad pública, si tomamos en cuenta la instalación de las llamadas Bases de Operaciones Mixtas.
El portal Animal Político, reportó en octubre pasado que las bases militares mixtas pasaron de 75 a 142 en estos cuatro años. Estimó que en 24 estados del país hay militares patrullando las calles.
El mayor número de bases con participación militar contra la delincuencia se ubican en dos de los estados más peligrosos: Guerrero (28) y Estado de México (24). Le siguen en despliegue de bases Oaxaca (12), Puebla (11), Tabasco (8), Sonora (7), Veracruz (5), Colima (5); Michoacán, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán (4 cada uno). Hay otras en Hidalgo, Coahuila, Baja California, Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas. Más de medio país.
Este despliegue militar tiene como objetivo “atender la problemática delictiva en zonas de alto riesgo”. Pero los soldados ya se cansaron.
BAJO EL FUEGO CRUZADO
POR LO MENOS se cansaron de la conducta de los civiles. Los mandan como equilibristas sin red, para usar las palabras del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.
Resulta que a diez años de haber salido a las calles a enfrentar a las bandas criminales –a realizar labores policiacas-, el general Cienfuegos dijo que es urgente que se ponga un plazo para que el ejército regrese a sus cuarteles. Advirtió que los militares no fueron entrenados para perseguir delincuentes, sus tareas son otras. Los militares quieren una legislación que los proteja en estas tareas. Por eso critican lo que consideran la inacción de las autoridades civiles, de los gobernadores y policías, de los legisladores.
En estos días se analiza una Ley de Seguridad Interior (distinta de la seguridad pública y de la seguridad nacional), que de acuerdo a los diputados priistas daría sustento legal a la participación de los militares. Y para que “no arriesguen su prestigio por falta de una sólida base jurídica”, a decir de César Camacho. En este contexto se escucha la voz a del general Cienfuegos.
Los especialistas en temas de seguridad han señalado que los militares están entrenados para defender al país en caso de una guerra o una agresión armada. No están entrenados para detener delincuentes y entregarlos a las autoridades civiles. En todo caso, su disciplina es combatir al enemigo y aniquilarlo, o llevarlo a la rendición.
El general Cienfuegos, jefe del ejército más poderoso de América Latina con 267 mil integrantes, pidió que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales hagan su trabajo contra la delincuencia. Reiteró lo que ya había advertido el año pasado: los efectivos del ejército y sus comandantes no se sienten a gusto en las calles haciendo labores policiacas.
No resulta extraño que con el paso de los años, los militares estuvieran expuestos a críticas y riesgos por la tarea que deberían realizar los policías, tanto federales como estatales y municipales. Un riesgo que se extiende a los civiles bajo el fuego cruzado.
Al hacer un balance de los diez años que llevan en las calles, el jefe militar fue franco: apuntó que a la población no le interesa si son capturados (o abatidos) uno, cien o mil delincuentes, sino lo que le importa es que no se metan a su casa, que no les roben, que no los secuestren.
Pero además, y no es para ignorar su dicho, expresó que: “nos encantaría que esto ya se hubiera solucionado, nos encantaría que las fuerzas de la policía hicieran su tarea, para lo que están, para lo que se les paga, pero que no lo hacen; nos encantaría ver esfuerzos decididos donde se establezcan fechas fatales para que las policías hagan su trabajo”. ¿Más claro el mensaje? Hay mucho de fondo.
REVOCACIÓN DE MANDATO
UNA CÁMARA de diputados decidió aplicar la revocación de mandato. Se trata del Congreso de Morelos que se propone sancionar al presidente municipal de Cuernavaca, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien llegó al cargo por un acuerdo mercantil con el Partido Socialdemócrata. El señor Blanco firmó un contrato para ser candidato de un partido en el que nunca militó.
El argumento central del recurso de revocación por el que votaron 23 de los 30 diputados señala que Cuauhtémoc Blanco obtuvo el registro de candidato con documentación falsificada. El futbolista seguirá en funciones mientras la Suprema Corte resuelve una controversia constitucional. Las autoridades electorales no detectaron el fraude a la ley de quien ahora los diputados acusan al “político bajo contrato”.
El Congreso de Morelos tiene 30 diputados, de los cuales la mayoría son del PRD (8), PRI (6) y PAN (5). El PSD que postuló a Blanco sólo tiene un representante.
AL MARGEN
SEGÚN diversas versiones periodísticas, los diputados federales en México recibirán este fin de año cada uno 500 mil pesos, entre aguinaldo, salario y compensaciones. Y un bono no tan secreto por 150 mil pesos.
Hasta la fecha, 64 diputados anunciaron que rechazarán el bono secreto. Entre quienes no aceptarán ese pago están 36 diputados de Morena y los 23 de movimiento ciudadano. La molestia por los costos y gastos en el poder legislativo son explicables en un país en crisis y con una pobreza extendida. (vmsamano@yahoo.com.mx)
